El Colegio de Periodistas de Chile emitió una declaración pública en la que expresó su “profunda preocupación” frente al proyecto de ley que se tramita actualmente en el Senado y que busca modificar el Código Penal para sancionar con penas privativas de libertad a quienes divulguen información de causas judiciales reservadas.
La organización profesional, encabezada por la periodista Rocío Alorda, enfatizó que esta iniciativa “pone en peligro la Libertad de Información y de Prensa y representa un grave retroceso para el ejercicio del periodismo”, advirtiendo que su aprobación podría significar la criminalización de quienes investigan y publican información de interés público.
“El derecho a informar no es exclusivo de las y los periodistas, sino de la sociedad a ser informada”, señala la declaración, recordando que la libertad de expresión está garantizada constitucionalmente en el artículo 19 N.º 12, y reforzada en la Ley N.º 19.733 sobre libertades de opinión e información.
El proyecto, impulsado por los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso De Urresti (PS), podría tener consecuencias graves para la prensa y el acceso ciudadano a temas de relevancia pública, como ocurrió con investigaciones emblemáticas como el Caso PENTA, SQM o casos de corrupción en el Ejército.
“La persecución penal a periodistas no resuelve los casos de corrupción política o empresarial; al contrario, los protege”, advierte el comunicado del gremio. Además, señala que la propuesta “colisiona con el derecho a la reserva de fuente informativa”, resguardado por el artículo 7 de la misma ley de prensa.
Desde el Colegio recalcaron también que, si bien el periodismo debe actuar con apego a la ética profesional, respetando la dignidad de las personas y la presunción de inocencia, “es fundamental que periodistas y medios de comunicación marquen con claridad la diferencia entre la filtración de denuncias individuales y la publicación de información de evidente interés público. Lo primero debe evitarse; lo segundo es parte esencial del rol que cumple el periodismo en una sociedad democrática”.
Finalmente, el gremio advirtió que de aprobarse esta moción parlamentaria, “tendrá efectos dañinos para la convivencia democrática, la libertad de información y de prensa”, por lo que llamaron al Congreso y a la ciudadanía a rechazarla.
