La iniciativa, cuyo diagnóstico estuvo a cargo del programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, fue desarrollado por la Defensoría Penal Pública y Carabineros de Chile.
Sus respectivas autoridades, el Defensor Nacional (s), Marco Montero y el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez dieron por inaugurado el programa con una actividad realizada en 3era Comisaría de Santiago. También estuvieron presentes las defensoras regionales de las Metropolitanas Norte y Sur, Daniela Báez y Loreto Flores.
Con una actividad simultánea que reunió virtualmente a la 3era Comisaría de Santiago con los cuarteles policiales de Antofagasta, San Fernando, Curicó, Talca y Valdivia, hoy se inauguró oficialmente el Programa de Defensa en Cuarteles Policiales, iniciativa que surge tras los graves hechos que afectaron al país entre octubre y noviembre de 2019 y que puso de relieve la importancia de contar con una defensa penal pública en las primeras horas tras la detención de una persona.
Gracias al diagnóstico realizado por el Programa EURO sociAL+ de la Unión Europea y el trabajo conjunto realizado por la Defensoría Penal Pública y Carabineros de Chile, desde el 1 de julio de 2021 cerca de 750 personas han sido entrevistadas por defensores penales públicos en comisarías de cuatro regiones del país: Antofagasta, O’Higgins, Maule y Los Ríos. El 1 de agosto pasado se sumaron las comunas de Santiago, San Joaquín, La Florida y San Bernardo de la Región Metropolitana.
Se proyecta que este programa piloto se extienda por seis meses.
Al inaugurar el programa piloto, el Defensor Nacional (s), Marco Montero dijo que esta iniciativa “contribuye a dar mayor protección a las personas detenidas en unidades policiales, desde el primer momento de su detención y, al mismo tiempo, contribuye a dar mayor transparencia y legitimidad a las actuaciones policiales”.
Exigencias del derecho internacional
Tras el estallido social de octubre de 2019 fueron varios los organismos internacionales de derechos humanos lo que visitaron el país y se reunieron con autoridades del Gobierno y del Poder Judicial para luego elaborar y escribir informes con su visión de los hechos ocurridos en Chile.
Es así como el texto de la misión de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que viajó a Chile, destacó que, «el derecho de acceder a una abogado no puede estar sujeto a suspensión”, observando que en algunas regiones del país el defensor/a no estuvo presente en los primeros momentos de la detención en las unidades policiales, lo que a juicio de la misión “podría constituir una violación al derecho de las personas privadas de libertad a tener acceso inmediato a asesoría legal y a tener el tiempo adecuado para preparar su defensa”.
A ello se sumó un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita in loco al país donde se relevó la necesidad de fortalecer a la Defensoría Penal Pública, “dotándola de plena autonomía y ampliando su capacidad para entablar contacto con personas detenidas en las primeras horas de privación de libertad”.
Tras la visita de los organismos internacionales, la Defensoría puso en marcha un proyecto para dar cumplimiento a las obligaciones internacionalmente adquiridas y que son consistentes con la Constitución y el Código Procesal Penal y luego de un trabajo colaborativo con EUROsociAL+ -durante 2020- se presentó un modelo de defensa pública en las primeras horas de detención.
Asesoría jurídica
En cada una las regiones donde está operando el piloto, hubo coordinaciones previas entre las defensorías regionales y las unidades policiales, a objeto de preparar la implementación de la defensa en comisarías. Esa coordinación se ha mantenido y ha sido clave para una respuesta oportuna de la defensa en el derecho que le asiste a cada persona de contar con un abogado desde los primeros momentos de su detención. Así mismo, este trabajo ha ido acompañado de capacitaciones a funcionarios policiales por parte de la Defensoría, en relación con el tratamiento de las personas detenidas.
