Por Ramón Rubio Donosos
Rector del CFT Estatal de Los Ríos.
En este contexto, es necesario indicar que la administración pública ha sido objeto de estudio desde el siglo XVIII y desde aquella época han sido múltiples las miradas que intentan dar respuesta a la relación de sus campos: las ciencias políticas, el derecho y la administración. En Chile, desde el gobierno de Frei Ruiz-Table, cada gobierno ha efectuado esfuerzos por modernizar el estado, plasmado en diversas leyes, programas y cuerpos colegiados, los últimos corresponden al Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, el Comité ejecutivo de Modernización del Estado y la Secretaría de Modernización del Estado, cuyas funciones se detallan en https://modernizacion.gob.cl/ecosistema-institucional.
La digitalización, automatización de procesos e innovación son los conceptos más recurrentes en esta etapa de modernización, que estando en sintonía con lo que podría sugerirse en procesos de este tipo, no tienen en consideración aspectos fundamentales de la gestión de personas y de la necesidad de descentralizar la toma de decisiones otorgándoles mayor flexibilidad.
Ya en el año 2009 el Consorcio para la Reforma del Estado proponía, algunas medidas necesarias tendientes a “avanzar en flexibilidad presupuestaria y de gestión de los RR.HH. de los servicios, generar bandas de remuneraciones comparativas con el sector privado por cargos y áreas, estructurar un “nuevo contrato laboral” con los funcionarios no directivos del gobierno central. Uno que definitivamente transforme el actual sistema dual de inamovilidad del personal de planta, por un lado, y la precariedad de los contrata, por otro, hacia un sistema laboral único. Sin embargo, a la fecha, muchas de estas recomendaciones no han sido consideradas o al menos no se han transformado en medidas concretas.
Para un exitoso proceso de modernización del sector público, es necesario comenzar por las personas que lo componen, por lo tanto, acogiendo las recomendaciones del Consorcio para la reforma del estado, sería necesario revisar la excesiva centralización en la toma decisiones en materia de personal, los niveles de flexibilidad y autonomía con la que cuenta la administración para alcanzar sus objetivos y abordar concienzudamente el equilibrio entre inamovilidad en los cargos de planta con criterio objetivos en la evaluación del desempeño, cuestiones que no se abordan explícitamente en cada uno de los programas revisados.
Se felicita el interés de candidatos y candidatas por abordar la modernización del estado como uno de los ejes de sus programas, pero a la luz de sus propuestas, sería aún más interesante conocer sus visiones respecto del rol de las personas en la modernización del estado, cómo pretenden co-construir con los propios funcionarios públicos el nuevo pacto, en los que productividad, propósito, bienestar, liderazgo, vocación de servicio formen parte de la ecuación.
Sólo digitalizar procesos y colocar más máquinas de autoservicio no permitirá alcanzar los objetivos que razonablemente debe perseguir la modernización del estado, si un proceso se esta naturaleza no es capaz de poner a las personas al centro, todo esfuerzo seguirá siendo insuficiente y se quedará como un mero ejercicio normativo (legal), acompañado de una importante inversión de recursos en equipos computacionales, máquinas y campañas, sin generar los necesarios cambios culturales que requiere una verdadera modernización.
