Por Gonzalo Alfaro Troncoso
Académico Ingeniero Civil de Minas, UCEN
Estos son algunos de los principales puntos de la implementación de este royalty y su relevancia para compañías mineras privadas con producciones sobre 50 mil toneladas métricas de Cu fino. Las leyes de corte aumentarán. Las rocas por sobre la ley de corte se envían a procesamiento y generan beneficio, por consiguiente, las empresas mineras tendrán menores reservas para explotar, más estéril que movilizar y los diseños mineros se verán afectados negativamente. El 3% de cargo ad-valorem no es una mala propuesta, ya que de esta forma se evita que no se paguen gravámenes en los primeros años de operación donde frecuentemente las empresas no generan utilidades tributables.
Un aumento de la carga tributaria total significará que las empresas mineras de Chile no serán competitivas respecto al mercado internacional. Western Australia tiene un 50,8% de carga tributaria; Perú 50% y Brasil 48,2% aproximadamente. Según estudios, la carga de este royalty ad-valorem -con tasas incrementales por sobre 2 USD/lb- alcanzaría entre el 80-90% de carga tributaria total. No existe opción de que una empresa se adhiera a un sistema tributario con estas características.
No es lo mismo aplicar el royalty sobre los ingresos que sobre las utilidades. La forma como se determina el royalty es muy importante, ya que para el Estado es más fácil recaudar impuestos desde los ingresos y mucho más complicado desde las utilidades. También se debe considerar que puede reducir el impuesto de primera categoría, y la carga tributaria total con royalty, baja aproximadamente un 20-25% al aplicarse de esta manera. Las mineras se irán del país. Las empresas mineras tienen una gran inversión en Chile, infraestructura instalada y una variada cartera de proyectos de soporte para su minería, como proyectos de desalinización. Es así como la cartera de proyectos mineros en el periodo 2020-2029 asciende a 74 mil millones de dólares. Probablemente las mineras negociarán algunos términos para convenir un royalty que mantenga su competitividad en el mercado.
Las empresas de la gran minería tienen contratos con el Estado de Chile que datan del gobierno de Ricardo Lagos, modificado por Sebastián Piñera para el terremoto de 2010, y que se extiende hasta 2023. Estos contratos de invariabilidad tributaria tenían por objetivo modificar la protección del DL 600 para el inversionista extranjero. Al ser un contrato, ambas partes – empresa y Estado – deberán revisar los acuerdos escritos antes de tomar alguna decisión. Es fundamental respetar el derecho privado, aunque debe asignarse un “valor” a las rocas que aún no han sido explotadas. La actual propuesta de royalty será muy difícil de implementar, pero abre la discusión para definir un sistema de tributación conveniente y equilibrado entre Estado y empresa privada.
