Por Pedro Güell
Centro de Estudios Regionales, UACh
Hasta ahora se han entregado solo los datos de pobreza y de desigualdad de ingresos, pero ellos bastan para hacerse una idea del daño social que el virus ha causado y del efecto que han tenido las políticas implementadas para hacerle frente.
La pobreza aumentó de manera significativa, tal como había sido previsto por los expertos. Si en la medición de 2017, la última disponible, la pobreza por ingresos había sido de 8,6%, en el 2020 ascendió a 10,8; es decir, un aumento de casi un 25%. No todas las zonas se vieron afectadas por igual. En las ciudades la pobreza aumentó más que en el campo, y en algunas regiones más que en otras. En nuestra región de Los Ríos la pobreza también aumento en este periodo, aunque lo hizo solo en un 0,8%, siendo una de las regiones del país con menor crecimiento de la pobreza de ingresos. Aún más preocupantes, y previsiblemente de consecuencias más complejas, son las cifras sobre desigualdad, aquellas que miden la distribución de los ingresos de los hogares. El informe da cuenta de un fuerte aumento de la desigualdad económica según los diferentes indicadores estadísticos que suelen usarse con este fin. Si se observa el clásico Indice de Gini, la desigualdad de ingresos del trabajo que las familias han recibido en este período, aumentó de 0,501 en 2017 a 0,527 en 2020. Y si se mide la relación entre los ingresos del trabajo que recibe el 10 más pobre y los que recibe el 10 más rico, esa cifra pasó de 39,1 veces a la increíble cifra de 416,6 veces.
Si se consideran no solo los ingresos del trabajo, sino todos los ingresos de los hogares, más los bonos, subsidios y transferencias que el Estado ha hecho a las familias durante la pandemia, la imagen de la desigualad cambia. Aún con esas ayudas públicas la desigualdad aumentó significativamente, pero lo hizo en mucho menor medida. En este caso la relación entre los ingresos del 10% más pobre y el más rico aumentó de 17,0 a 27,4 veces.
Tres lecturas preliminares pueden sacarse de estos primeros datos. Lo primero es que la pandemia ha tenido un profundos efecto negativo sobre el bienestar económico de las familias. Lo segundo es que ese efecto ha profundizado las ya agudas desigualdades, no solo económicas, sino también territoriales. Lo tercero, es que sin la acción del Estado el sufrimiento social y la pérdida de cohesión social sería aún más grave. Y a lo anterior le sigue una reflexión política: nuestra actual situación social es aún más precaria que aquella que, en parte, condujo al estallido social, y hoy sabemos que las crisis no pueden ser enfrentadas sin una acción decidida y oportuna del Estado, mayor en cualquier caso que la desplegada hasta ahora.
Es esperable, entonces, que los datos que nos entrega CASEN 2020 le den aún más énfasis y sustento a que la demanda por igualdad y por derechos al bienestar y la seguridad debe estar en el corazón de las deliberaciones de nuestra Convención Constituyente.
