Por Camilo Gómez
Abogado
El principal problema en torno al que se discute es cómo hacemos que las personas definitivamente puedan quedarse en sus casas, asegurando su sustento en un contexto de amplia vulnerabilidad (cuestión que nos consta cuando en los meses de invierno, las ollas comunitarias en las que participamos alimentaban diariamente a cientos de personas de los más diversos orígenes) llevada al extremo cuando en un solo año, miles de personas que pertenecían a la clase media, han sido llevados a la línea de la pobreza. Mientras cientos de familias han perdido sus hogares por no poder pagar los arriendos, aumentado los campamentos y tantas otras formas que los estragos de esta crisis han tomado, para dolor de todos.
Y mientras los pobres se hacen más pobres parece que los ricos se hacen más ricos, según supimos esta semana cuando Forbes dio a conocer que los super ricos de nuestro país –entre los que se encuentra nuestro presidente– aumentaron sus fortunas en un 70% durante el año de crisis. Esto no solo es llamativo en cualquier escenario –pregúntese el lector, cuántas veces en su vida en un solo año la cantidad de cosas que tiene ha crecido en casi ¾ partes y si eso pasara, lo sospechoso que sería para los vecinos un cambio así de radical– sino que se de en un contexto en que la mayoría solo ha sabido de pérdidas, pobreza, pérdidas de empleo y destrucción de los ahorros producto de medidas que buscaban todo lo contrario como la “ley de protección al empleo” o la agotamiento de los seguros de cesantía.
Por ello, es natural que se reactive la discusión del impuesto a los super ricos, cosa que se ha hecho ley en Nueva Zelanda y que se discute en los Estados Unidos. Ambos países ciertamente no hacen gala de socialistas o comunistas. Se hizo con el objeto de asegurar una carga tributaria acorde a las ganancias, detener la evasión fiscal y que el dinero de incluso algunos declarados patriotas, termine en paraísos fiscales para evitar aportar recursos que hoy se usan para comprar vacunas y los ventiladores mecánicos que nuevamente comienzan a ser protagonistas.
Volviendo a la pregunta inicial, una alternativa para lograr una cuarentena efectiva es la creación de una renta básica universal que asegure, por un breve pero intenso periodo de cuarentena, que las familias tengan un sustento y con ello, poder volver de la forma más rápida posible a la normalidad.
Evidentemente, esta discusión se ha entrampado porque sigue la lógica absurda de que la gente no quiere trabajar, o que quiere todo gratis, sin entender la urgencia de la situación, mientras vemos cada día a los chilenos y chilenas exponiéndose a contagios en trabajos mal pagados. Es por eso que, en la práctica, han visto como única solución a la precariedad de esta crisis el retiro del 10% de sus ahorros para la jubilación, cuya tercera edición se votará esta semana en el Congreso.
Ante el tercer retiro algunos porfiados siguen diciendo que no es necesario, mientras las medidas de apoyo económico del Estado no llegan a todos, pues las condiciones de postulación a beneficios muchas veces no son posibles de cumplir por quienes paradójicamente más lo necesitan, porque no pueden acreditar rentas por trabajos informales, o porque en sus registro social de hogares aparecen como personas acomodadas, sin ver que en el contexto de la pandemia muchos de esos datos ya no describen la realidad que viven las personas.
Como conclusión, el retiro del 10% parece ser una opción indispensable para ir en socorro de los chilenos, pero esto no es suficiente, pues no llega a quienes por la informalidad no han logrado generar ahorros en su AFP. Es por eso que se hace urgente discutir con seriedad una renta básica universal de emergencia, para poder salir cuanto antes de esta crisis, sabiendo que cada día que pasa, miles se contagian y cientos mueren. Finalmente, sabemos que el impuesto a los super ricos no es una solución absoluta, pero sí es una clara señal de la necesidad de construir un nuevo modelo de Estado, dada la visión del fracaso del actual. Cosa que tendrá que ser discutida en el contexto del proceso constituyente, un modelo en que exista una proporción efectiva entre los derechos y los deberes de los ciudadanos, donde los recursos públicos y los tributos no vengan principalmente de los bolsillos de los que menos tienen y que hoy más que nunca, ya no tienen nada que dar.
