El año 2020 la SEC gestionó en Los Ríos 1.212 reclamos en contra de las empresas de distribución eléctricas Saesa, Cooprel, Socoepa y Luz Osorno, lo cual representa un incremento de 947% en relación a 2019, año en el cual la entidad fiscalizadora tramitó tan solo 128 reclamos.
La Asociación de Consumidores ACOVAL de Los Ríos exigió a la Seremi de Energía que realice un balance exhaustivo para que la comunidad regional sepa cuáles fueron las razones por las cuales la Superintendencia de Electricidad y Combustibles rechazó más del 80% de los reclamos por alzas en las cuentas de luz a raíz de la actual crisis sanitaria.
Según datos obtenidos a través de una solicitud de acceso a la información, el año 2020 la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) gestionó en la región de Los Ríos 1.212 reclamos en contra de las empresas de distribución eléctricas Saesa, Cooprel, Socoepa y Luz Osorno, lo cual representa un incremento de 947% con relación a 2019, año en el cual la entidad fiscalizadora tramitó tan solo 128 reclamos.
En ese contexto, del total de reclamos, el 84,57% fue por “problemas de cobro o facturación”. De ese porcentaje, solo el 10,15% (104) fue resuelto a favor del cliente, el 3,22% (33) parcialmente a favor del cliente y el 85,17% fue rechazado (873). Del resto, no hay información sobre el tipo de solución (1.45%).
«Como asociación exigimos al seremi de Energía, Felipe Porflit, que efectúe un balance detallado, que dé a conocer públicamente las razones por las cuáles la SEC rechazó gran parte de los reclamos. La comunidad regional merece saber qué pasó”, dijo el vocero de ACOVAL, Jesús Eugenio.
El dirigente agregó que “las consecuencias de la pandemia siguen afectando a las y los consumidores, especialmente a los más vulnerables. Las alzas en la canasta y servicios básicos continúan y hasta ahora no hay claridad por parte del gobierno de una solución concreta”.
“Además, el masivo rechazo a los reclamos por las alzas en la cuenta de la luz reafirma nuestro cuestionamiento a que los servicios básicos estén en manos de privados. La actual institucionalidad, está diseñada para garantizar sus ganancias y por lo mismo, creemos que el actual debate constitucional debe favorecer a que se avance en una legislación e institucionalidad que garantice el acceso a precios justo de servicios básicos administrado por el Estado”, concluyó Jesús Eugenio.
