Por Jorge Cea Rodríguez
Subdirector Instituto de Administración y Académico de la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas UACh
La relación entre los pueblos indígenas y el Estado históricamente han sido difíciles, lo observamos sobre todo en las últimas décadas y en particular cuando nos referimos al pueblo mapuche. El conflicto mapuche que se remonta a los orígenes de la República muy probablemente no surge entre mapuches y colonos, el conflicto nace entre mapuches/colonos y el Estado chileno y la entrega de las tierras; esto es lo que lo hace particularmente complejo y el problema se va profundizando a medida que pasa el tiempo.
Actualmente son muchos los actores involucrados y los intereses en juego, la alta hostilidad que se vive por largo tiempo en la zona de la Araucanía junto con la alta interdependencia hace que este conflicto sea muy difícil de resolver. Es así como en el escenario de una nueva Constitución, el debate sobre la forma en que la sociedad chilena soluciona los conflictos que puedan producirse por la posible colisión de derechos se hace también necesaria. En lo que respecta al conflicto mapuche, debemos asumir que se requiere una mirada mucho más compleja y sistémica que considere un programa unificado entre Ministerios (Estado) y actores involucrados.
Una vía de resolución de conflictos efectiva no debe centrarse nunca en el poder ni la fuerza, como tampoco en quién tiene más o menos derechos, sino más bien en los intereses subyacentes, motivaciones y soluciones provenientes de las propias partes implicadas. Lo lógico sería recurrir a una tercera parte imparcial que pueda actuar como facilitador del diálogo y los acuerdos, pero ya se han realizado innumerables intentos. Lo cierto es que, por una parte, no hay un sólo líder e interlocutor proveniente del pueblo mapuche, y por otra parte, a pesar de todo el esfuerzo del Estado, las confianzas en las instituciones formales parecen estar quebradas, ¿cómo restituir las confianzas entonces?.
El gran desafío y oportunidad de la nueva constitución está precisamente en restablecer las confianzas entre el mundo político-institucional y la ciudadanía. Hoy los ciudadanos están observando y cuestionando su relación con el poder, con el Estado y la institucionalidad y se demanda un cambio de nuestros acuerdos de convivencia por medio de un proceso ciudadano y participativo.
Muy probablemente con la nueva Constitución se reconocerá, por fin, a los mapuches como un pueblo originario, pero parece ser que esto no será suficiente. ¿En una nueva constitución qué debiera contener este reconocimiento constitucional?. Si se indaga un poco en las demandas del pueblo mapuche notaremos que éstas se sustentan en una deuda histórica que llevan a un grupo, no menos importante, a exigir alguna forma de autogobierno local y la restitución de tierras.
En Chile pareciera ser que los pueblos originarios no participan significativamente en la gestión de sus territorios, han experimentado o experimentan estereotipos, prejuicios, discriminación y exclusión social. Para algunos el espacio donde se debe intervenir para reconstruir las confianzas es precisamente en la manera cómo mapuches y chilenos no mapuches visualizan el desarrollo de la Araucanía, en este sentido, la mediación intercultural es una herramienta que posibilita la convivencia de múltiples culturas en el ámbito social lo cual abre el camino hacia un pleno reconocimiento de la diversidad cultural y permite, por consiguiente, una mejor comprensión de los procesos de construcción social que están teniendo lugar en estos tiempos; en este contexto, sería mejor aún si el equipo de mediadores interculturales estuviese compuesto por representantes de las partes en conflicto en igual medida o que se tienda a equilibrar las diferencias de poder, considere la experiencia y sabiduría de las personas mayores del pueblo mapuche, incorpore a miembros de algún organismo internacional o profesionales extranjeros, funcione desde instancias independientes, es decir, fuera del aparato estatal, a la vez que tenga un trabajo arduo y constante en el tiempo.
Sabemos que con una nueva constitución no se resolverán los problemas, pero si confiamos que tendremos nuevas bases sobre la cual construir algo nuevo y mejor. Tal vez, ésta sea una oportunidad también para repensar nuestra idiosincrasia y preguntarnos por aquellas cosas que hacemos o dejamos de hacer en pos de promover la igualdad y el respeto a la diferencia, a la vez de generar una interacción positiva entre las distintas partes, poniendo el énfasis sobre lo que tenemos en común y no en aquello que nos separa, pero sobre todo realzando y poniendo en valor nuestras raíces.
Un cambio cultural pareciera ser también necesario, incentivar que la cultura del día a día de los mapuches se vuelva más chilena (sin desmedro de su propia identidad, idioma y cultura), mientras que la cultura pública se torne más mapuche, un paso ya se está dando con los escaños reservados para pueblos originarios en la Convención Constituyente. El verdadero cambio está en sentir que no se es menos por el simple hecho de ser mapuche, se debe abogar por una política sensible a las diferencias y el multiculturalismo. Una nueva constitución debiera generar espacios para crear una nueva institucionalidad que surja y sea legitimada por los mismos pueblos indígenas, debatir sobre derechos colectivos, reconocer el derecho a la participación, garantizar derechos como la autodeterminación de los pueblos originarios, esto es, que puedan decidir libremente sus prioridades de desarrollo en todo sentido, determinar libremente su condición política en el marco de un Estado y de autonomía no territoriales. Para algunos será necesario ir más allá y habrá que reconocer derechos relacionados con el territorio donde la autodeterminación se exprese en una autonomía territorial de espacios donde además cohabitan elementos inmateriales, ancestrales que establecen formas de vida. Quizás tendremos que avanzar más en una lógica de plurinacionalidad e interculturalidad. Es un debate que hay que realizar y del cual debemos hacernos cargo.
