Por Bernardo Berger
Diputado por Los Ríos
Con esto quiero decir que cualquier privilegio otorgado a inmigrantes debe ir a la par con los derechos de los chilenos, evitando así que se provoque una animadversión o xenofobia. Y creo que el proyecto del Ejecutivo, tras una serie de modificaciones que le hemos introducido, logra rescatar aquello.
Chile requiere con urgencia un marco regulatorio más detallado que proteja tanto los derechos de los inmigrantes como de los nacionales. Este proyecto lo debimos haber aprobado con mayor celeridad considerando que poseemos la normativa migratoria más antigua de Latinoamérica, de 1975, y considerando también lo complicado de este fenómeno que enfrenta el planeta entero como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos, guerras y flagelos.
Pese a mi apoyo al proyecto, quiero reiterar que es fundamental que éste mantenga y refuerce mecanismos de seguridad al acceder al país, para evitar que grupos delictuales sigan ingresando, y lo digo en referencia a las verdaderas bandas de alta peligrosidad detectadas en el norte en las últimas semanas.
Valoro en tal sentido las enmiendas al texto en relación con la reconducción o devolución inmediata de inmigrantes que posean una orden de expulsión, abandono o prohibición de ingreso, y el plazo mínimo de 72 horas para las expulsiones de migrantes que tengan infracciones reiteradas a la ley.
También debemos tener sumo cuidado en el ámbito laboral, ya que si bien los inmigrantes tienen todo el derecho a acceder a un empleo, debe hacerse sin desfavorecer a nuestros connacionales; si la idea es ‘ordenar la casa’, debemos hacerlo con vistas a que tanto chilenos como extranjeros accedan al mundo laboral con igualdad de condiciones.
Por otro lado, la eliminación del proceso de regularización extraordinaria en un plazo de 90 días posteriores a la aprobación de la ley, me parece pertinente si es que queremos evitar que en ese periodo de 90 días tengamos un ingreso aún más indiscriminado sin un control mínimo.
Porque al final del día, la idea es tener una migración ordenada, regulada y segura, modernizando la legislación vigente, que garantice una convivencia armónica entre los que estamos y los que llegan.
