El acusado y la víctima tenían 17 años de edad cuando se cometió el delito, en agosto de 2019. La Fiscalía invocará las agravantes de premeditación, alevosía, ensañamiento y de género para solicitar que el acusado sea condenado a la máxima pena que establece la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
La próxima semana se realizará en Valdivia un juicio oral contra un hombre acusado por la Fiscalía de causar la muerte de su expolola en agosto del año pasado, cuando ambos tenían 17 años de edad.
Durante el juicio, que comienza el lunes 5 y se extenderá en modalidad semipresencial hasta el viernes 9 de octubre en horario de 9:30 a 14:00 horas, la Fiscalía Local de Valdivia presentará pruebas testimoniales, periciales y documentales para acreditar que al acusado de iniciales G.B.R.S. es responsable, en calidad de autor, del delito de homicidio calificado cometido contra Natalia Scarleth Mella Rodríguez.
Según la acusación presentada por la Fiscalía el hecho ocurrió a las 18:30 horas del 18 de agosto de 2019, cuando el acusado interceptó a su expolola en la calle Alonso de Ercilla y la agredió con un arma cortopunzante en la cara y el cuello y, cuando la víctima intentaba huir, herirla en al menos 15 oportunidades, lo que le ocasionó la muerte.
La fiscal Sandra González, quien representará a la Fiscalía de Valdivia en el juicio, explicó que en esta causa se presentó acusación por homicidio calificado y no por femicidio puesto que a la fecha de los hechos no estaba todavía en vigencia la denominada Ley Gabriela, que sanciona como femicidio el homicidio en las relaciones de pololeo.
La fiscal del Ministerio Público agregó que si bien no es posible calificar los hechos como un femicidio, la Fiscalía invocará como agravante “la circunstancia del artículo 12 número 21 del Código Penal, por haber actuado el imputado movido por razones de género o por una discriminación hacia la víctima por el hecho de ser mujer,” junto con las circunstancias de premeditación, alevosía y ensañamiento.
En atención a estos antecedentes la Fiscalía solicita la máxima que establece la ley para los adolescentes que cometen un delito, es decir, 10 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social.
La misma pena solicita el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), que actúa como querellante en esta causa.
