Por Senador Alfonso De Urresti y CORE Luis Cuvertino
Sin embargo, es urgente revisar las condiciones bajo las cuales se entregarán las concesiones del espectro, que es un bien de uso público. Ello debe hacerse bajo la perspectiva de mejorar las condiciones de conectividad y cobertura, de manera de permitir un desarrollo territorial equitativo.
El Presidente Piñera señaló al lanzar esta licitación que era necesario asegurar el acceso a la mayor cantidad de población. Es por ello que no entendemos porqué el gobierno no incorporó, como contraprestación, la obligación de las empresas de extender su servicio a los sectores rurales y aislados.
Sólo un ejemplo: En la licitación de la banda 700 MHz y 2,6 GHz realizadas el año 2014, gracias a las contraprestaciones exigidas a las empresas, en la región de Los Ríos fue posible otorgar conectividad digital a 150 localidades aisladas o rurales y 74 establecimientos educacionales.
En el proceso actual que impulsa el Gobierno sólo las capitales regionales y provinciales y los 200 hospitales incluidos en el proyecto contarán con 5G y dispone otorgar conexión extra a ciertos “polígonos industriales mínimos”. En la región de Los Ríos estos son: zona urbana de Valdivia, aeródromo Pichoy, ruta T-202 entre Valdivia y San José de Mariquina, el Puerto de Corral y el Instituto Forestal (INFOR). Esto es completamente insuficiente.
Si el Estado va a entregar ventajas competitivas y de mercado tan relevantes para los proveedores de 5G, lo mínimo es que de forma gratuita se establezcan, como siempre se había hecho, las contraprestaciones correspondientes, para favorecer a escuelas y postas rurales, APRs, organizaciones vecinales, bomberos y servicios públicos.
