Un nuevo antecedente profundizó la crisis que enfrenta el Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, luego de que una investigación de BBCL Investiga, publicada el domingo 8 de noviembre, revelara que el secretario de Estado firmó una nueva rebaja de condena a favor de un hombre sentenciado por el homicidio de un adulto mayor en la Región de Valparaíso, quien finalmente recuperó su libertad.
El caso adquirió una nueva dimensión este lunes 9 de noviembre, cuando el subsecretario general de Gobierno y vocero del Ejecutivo, Gonzalo Arenas, anunció la suspensión de todos los decretos de reducción de condenas, independientemente de los delitos cometidos por sus beneficiarios.
La decisión representa un cambio respecto de la postura que había sostenido el Ministerio de Justicia, que hasta el domingo defendía la obligación legal de continuar otorgando estos beneficios, con excepción de aquellos vinculados a delitos sexuales contra menores de edad.
La controversia se concentra en un decreto firmado el jueves 5 de noviembre por Rabat, que concedió una reducción de diez meses de presidio a Peter Andrés Rojas Gallardo, de 40 años, condenado a cinco años de cárcel por el homicidio de Jorge del Carmen Frez Olivares, de 83 años.
El documento, de carácter reservado y al que tuvo acceso BBCL Investiga, también incluye la firma de la nueva subsecretaria de Justicia, Josefina Soto Larreátegui, quien había asumido el 30 de octubre, tras la salida de Luis Silva en medio de la crisis que afecta a la cartera.
La condena debía cumplirse originalmente el 30 de agosto de 2027. Sin embargo, con el beneficio concedido por el Ministerio de Justicia, la fecha de término fue adelantada al 30 de octubre de 2026. De acuerdo con los antecedentes judiciales examinados por BioBioChile, Rojas Gallardo quedó en libertad.
El crimen se remonta a 2022, en la comuna de Catemu. La víctima, Jorge del Carmen Frez Olivares, había acogido en su vivienda al condenado, quien se encontraba en situación de calle y a quien conocía por amistades y trabajos realizados anteriormente.
De acuerdo con los antecedentes policiales y judiciales recopilados por BBCL Investiga, el adulto mayor fue atacado dentro de su dormitorio, donde recibió golpes y posteriormente fue asfixiado con un cordón.
Durante las semanas siguientes, sus familiares intentaron ubicarlo sin obtener respuestas. Cada vez que acudían al domicilio, Rojas Gallardo les entregaba explicaciones sobre su ausencia, asegurando que había salido a trabajar o se encontraba en el cerro.
El 29 de agosto de 2022, familiares de la víctima ingresaron por la fuerza al inmueble y encontraron su cuerpo cubierto con ropa, en avanzado estado de descomposición. Las diligencias establecieron que llevaba entre uno y dos meses fallecido.
Rojas Gallardo fue detenido y formalizado, quedando en prisión preventiva. Finalmente, el 6 de enero de 2025 recibió una condena de cinco años de presidio por homicidio simple, reconociéndosele 860 días de abono por el tiempo que había permanecido privado de libertad.
La justicia había rechazado su salida por riesgo de reincidencia
Uno de los antecedentes más relevantes de la investigación es que, antes de obtener la rebaja de condena por vía administrativa, Rojas Gallardo había intentado acceder a la libertad condicional, petición que fue rechazada por la justicia.
En mayo de 2026, la Corte de Apelaciones de Valparaíso y posteriormente la Corte Suprema desestimaron sus pretensiones, teniendo a la vista un informe de Gendarmería que advertía un riesgo medio de reincidencia.
Según los antecedentes publicados por Radio Bío Bío, la evaluación penitenciaria identificó el consumo problemático de pasta base de cocaína como un factor relacionado con su comportamiento delictivo. Aunque se reconocían avances durante su reclusión, los profesionales advirtieron que su abstinencia se producía en un entorno controlado.
El informe también planteaba dudas respecto de su capacidad para mantener una conducta adecuada fuera de prisión. Incluso, la jefatura del recinto penitenciario de Quillota estimó que no existían condiciones suficientes para proyectar un cumplimiento de la pena en libertad que garantizara la seguridad de la comunidad.
Estos antecedentes fueron considerados en las decisiones judiciales que rechazaron la libertad condicional. Sin embargo, meses después, el Ministerio de Justicia concedió una rebaja de condena mediante un procedimiento legal distinto, establecido en la Ley 19.856.
Rabat firmó el decreto sin esperar una resolución judicial
La investigación de BBCL también reveló que el condenado recurrió nuevamente a la justicia para conseguir la reducción de su pena.
El 5 de noviembre, su defensor penal público presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, buscando que el Ministerio de Justicia concediera el beneficio cuya tramitación permanecía pendiente.
No obstante, antes de que el tribunal resolviera la acción judicial, la cartera comunicó que el ministro Rabat ya había firmado el decreto correspondiente. Tras conocerse esa decisión, el condenado desistió del recurso.
En consecuencia, la rebaja fue concedida sin que existiera una sentencia que ordenara al Ministerio de Justicia otorgar ese beneficio en el marco del recurso de amparo.
El Ejecutivo defendió la decisión señalando que la normativa vigente obligaba a conceder la reducción cuando se cumplieran los requisitos legales. En particular, Justicia argumentó que la gravedad del delito no constituía, por sí sola, una causal suficiente para rechazar la solicitud.
La Ley 19.856 contempla un sistema de reducción de condenas asociado al comportamiento sobresaliente durante el cumplimiento de la pena, con requisitos, procedimientos y exclusiones establecidos por la legislación.
Gobierno anuncia suspensión total y surgen contradicciones en las fechas
La publicación de estos antecedentes provocó un nuevo cambio en las explicaciones del Ejecutivo.
Durante una vocería realizada este lunes 9 de noviembre, el subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, confirmó que se decidió paralizar la tramitación de todos los decretos de reducción de condenas, sin distinción del tipo de delito.
La autoridad explicó que la decisión se relaciona con el respaldo del Gobierno al proyecto de ley presentado por los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (REP), que busca derogar la Ley 19.856.
Arenas sostuvo que Rabat había decidido detener estos procedimientos desde el jueves 5 de noviembre, mientras se define el futuro de la iniciativa legislativa.
Sin embargo, esa explicación abrió una nueva interrogante: el mismo jueves 5 de noviembre en que supuestamente comenzó la suspensión general fue firmado el decreto que benefició al condenado por el homicidio de Catemu.
Hasta la publicación de los antecedentes revisados, no se había aclarado si la firma del documento ocurrió antes o después de que el ministro adoptara la decisión de paralizar las rebajas.
A ello se suma que, durante la noche del domingo 8 de noviembre, el Ministerio de Justicia todavía defendía ante BioBioChile la obligación de seguir concediendo beneficios para delitos distintos de los sexuales contra menores, sin informar que ya se habría dispuesto una suspensión general.
La versión entregada este lunes por La Moneda, por tanto, introduce una diferencia relevante respecto de las explicaciones anteriores de la propia cartera.
La controversia también fue abordada por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien planteó la necesidad de modificar las normas que permiten acceder a beneficios penitenciarios y avanzar hacia el cumplimiento efectivo de las condenas.
El secretario de Estado señaló que existen propuestas legislativas destinadas a restringir estos mecanismos y manifestó su expectativa de que sean tramitadas con rapidez en el Congreso.
El nuevo episodio se suma a los cuestionamientos que enfrenta el ministro Fernando Rabat por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad, controversia que ya había provocado cambios en la Subsecretaría de Justicia y presiones políticas sobre su continuidad en el cargo.
Con el anuncio de este lunes, el Gobierno pasó de defender la aplicación de las rebajas bajo la normativa vigente a disponer una paralización general de su tramitación, mientras respalda una iniciativa destinada a eliminar el beneficio.
La suspensión anunciada corresponde, por ahora, a una decisión administrativa del Ejecutivo y no a la derogación de la ley, que continúa vigente mientras no sea modificada por el Congreso.
El caso de Rojas Gallardo deja además una controversia que sigue sin respuesta pública: cómo se concedió una reducción de pena que permitió la libertad de un condenado por homicidio, después de que dos instancias judiciales rechazaran su libertad condicional, y por qué el Gobierno informó una suspensión general que, según su propia versión, coincidió con la fecha del decreto que originó la nueva
