Un nuevo capítulo enfrenta la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) luego de que la compañía estatal reconociera que sus cifras de producción de 2024 y 2025 fueron artificialmente incrementadas en aproximadamente 42.100 toneladas de cobre, situación que también repercutió en el pago de millonarios bonos por cumplimiento de metas a trabajadores y ejecutivos.
Los antecedentes fueron abordados durante una junta extraordinaria de accionistas realizada el jueves 5 de noviembre, instancia en la que el directorio informó sobre los avances de las investigaciones y reveló que las irregularidades también habrían provocado un impacto patrimonial preliminar de entre US$120 millones y US$140 millones.
De acuerdo con las cifras entregadas por el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, la producción informada durante 2024 habría sido incrementada irregularmente en 24 mil toneladas de cobre, mientras que para 2025 se estableció una sobreestimación neta de otras 18.100 toneladas. Se trata de antecedentes preliminares que deberán ser ratificados mediante las auditorías actualmente en desarrollo.
¿Cómo se inflaron las cifras de producción?
Las investigaciones han identificado distintas modalidades mediante las cuales se habrían alterado los resultados productivos de la principal empresa estatal del país.
Una de ellas consistió en contabilizar como producción terminada materiales que contenían cobre, pero que todavía requerían procesamiento para cumplir los estándares internos. Otra irregularidad corresponde al eventual registro de un mismo material como producción de distintas divisiones, duplicando artificialmente las cifras.
También se investigan modificaciones en los registros de cierre anual que permitieron aumentar la producción informada en un ejercicio, compensando posteriormente esas diferencias en el año siguiente.
El caso comenzó a conocerse públicamente durante el primer semestre de 2026, cuando una auditoría interna detectó que Codelco había incorporado indebidamente 26.875 toneladas de cobre fino en sus resultados de 2025.
De ese total, 20 mil toneladas correspondían a óxidos de la División Chuquicamata y otras 6.875 toneladas a materiales de la División Ministro Hales. Según la auditoría, ambos productos debieron mantenerse clasificados como materiales en proceso y no como producción terminada.
Bonos millonarios calculados sobre cifras cuestionadas
Una de las consecuencias más controvertidas de estas irregularidades corresponde al pago de incentivos económicos asociados al cumplimiento de metas productivas.
Según antecedentes entregados por Codelco durante mayo de este año, la corrección de las cifras involucraba el recálculo de bonos correspondientes a 6.322 trabajadores y ejecutivos, por un monto inicialmente estimado en US$14,3 millones, equivalentes entonces a aproximadamente $13 mil millones.
Posteriormente, en junio, el entonces presidente ejecutivo de la compañía, Rubén Alvarado, señaló ante el Congreso que los recursos sujetos a recuperación superaban los US$14,1 millones, de los cuales alrededor de US$1 millón correspondía a ejecutivos.
Una investigación publicada por BioBioChile detalló que los montos involucrados variaban según las responsabilidades y cargos, con estimaciones cercanas a los $2 millones por trabajador y cifras que podían alcanzar los $7 millones entre determinados gerentes y altos ejecutivos.
Sin embargo, la recuperación de estos recursos abrió una controversia laboral, considerando que numerosos trabajadores recibieron los bonos sobre la base de indicadores proporcionados oficialmente por la propia empresa, sin que ello implique necesariamente participación en las irregularidades investigadas.
En julio, el Sindicato de Profesionales de Chuquicamata cuestionó las conclusiones de la auditoría y rechazó una eventual devolución de incentivos mientras no existiera claridad técnica sobre los antecedentes.
En la junta extraordinaria del 5 de noviembre, Fontaine confirmó que todavía se trabaja en determinar los efectos definitivos sobre los bonos de cada división y trabajador, por lo que los montos finales continúan pendientes.
Ocho nuevos despidos y posibles responsabilidades penales
Las investigaciones también han tenido consecuencias en los niveles superiores de la administración.
El 29 de octubre, Codelco comunicó la desvinculación de ocho ejecutivos y profesionales de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales, Salvador y Casa Matriz, en el marco de los nuevos antecedentes detectados.
Entre los cargos afectados figuran el gerente general de la División Salvador, responsables de Recursos Mineros y Desarrollo, profesionales vinculados a la contabilidad y jefaturas relacionadas con operaciones y balances metalúrgicos.
Estas desvinculaciones se suman a las sanciones adoptadas en mayo, cuando la empresa resolvió despedir a un ejecutivo y amonestar a otros profesionales tras concluir su primera auditoría interna.
Paralelamente, los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público para investigar la eventual comisión de delitos, mientras que la Contraloría General de la República y una comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados también han abordado el caso.
La compañía encargó a KPMG una auditoría sobre las cifras de producción de todas sus divisiones durante 2024 y 2025, mientras que EY desarrolla una investigación forense sobre las eventuales duplicidades y sus efectos económicos.
Gobierno califica los hechos como un engaño a la administración
La gravedad de los antecedentes provocó una dura reacción del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien participó en la junta extraordinaria junto al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.
«Este engaño se produjo al más alto nivel en la línea de administración», sostuvo Quiroz, según declaraciones recogidas por Emol, cuestionando las explicaciones que recibieron las instancias superiores de la compañía frente a las anomalías detectadas.
Por su parte, el directorio de Codelco informó que las duplicidades investigadas habrían incrementado artificialmente los inventarios en 15.200 toneladas de cobre fino, con un impacto económico preliminar de entre US$120 millones y US$140 millones. Esta estimación corresponde a los efectos sobre inventarios y no debe confundirse con los montos de bonos sujetos a revisión.
La administración manifestó su intención de recuperar cualquier perjuicio económico que se determine, establecer responsabilidades y fortalecer los controles de producción, inventarios y gestión financiera.
Las auditorías todavía no han concluido, por lo que permanecen abiertas interrogantes sobre la magnitud definitiva de las irregularidades, las responsabilidades individuales y el dinero que efectivamente podrá recuperar la estatal.
El caso instala un cuestionamiento sobre los mecanismos de supervisión de Codelco y la confiabilidad de sus indicadores productivos, considerando que se trata de una empresa estratégica cuyos resultados económicos inciden directamente en los recursos que recibe el Estado chileno.
