La Corte de Apelaciones de Valdivia dictó un contundente fallo contra la Armada de Chile, al establecer su responsabilidad por las graves deficiencias registradas durante el operativo de rescate de los pescadores que permanecieron atrapados en la lancha Victoria, tras colisionar con la barcaza Comau en la bahía de Corral, la noche del 24 de marzo de 2020.
La resolución ordena el pago de $700 millones por concepto de daño moral a 16 familiares de cinco de los pescadores fallecidos, luego de concluir que la institución naval incurrió en falta de servicio al no disponer oportunamente de personal especializado, equipamiento adecuado ni una coordinación eficiente para enfrentar la emergencia.
La tragedia marítima dejó seis pescadores muertos y un sobreviviente, convirtiéndose en uno de los accidentes más graves registrados en las aguas de la comuna de Corral.
En fallo unánime, correspondiente a la causa rol 980-2025, la Segunda Sala del tribunal de alzada, integrada por la ministra María Soledad Piñeiro Fuenzalida, la fiscal judicial Soledad Orellana Pino y el abogado integrante Lorenzo Rehl Peña, revocó la sentencia del Primer Juzgado Civil de Valdivia, que había sido dictada el 7 de julio de 2025.
El tribunal concluyó que existieron sobrevivientes después de la colisión, lo que quedó respaldado por antecedentes periciales y registros del propio operativo de emergencia.
Entre las pruebas consideradas, la Corte examinó los informes de autopsia de Franco Medina y Gastón Pitrullanca, cuyas estimaciones sobre la hora de muerte permitieron cuestionar que ambos hubiesen fallecido inmediatamente después del accidente.
Especial relevancia tuvo un antecedente contenido en el informe policial del 30 de septiembre, donde se consignó que, a las 22:50 horas de la noche del accidente, dos especialistas en buceo de salvataje dependientes de la Gobernación Marítima de Valdivia realizaron una inspección submarina, constatando que tripulantes de la lancha Victoria permanecían con vida.
A partir de estos antecedentes, los magistrados analizaron las actuaciones de la autoridad marítima durante el período posterior a la colisión, estableciendo una serie de deficiencias que comprometieron las posibilidades de rescate.
Graves deficiencias en el operativo de salvataje
Uno de los aspectos más categóricos de la sentencia corresponde a las falencias detectadas en la organización y ejecución del procedimiento.
La Corte identificó seis situaciones relevantes, entre ellas la inexistencia de un mando claro, la falta de equipamiento suficiente, el impedimento para que embarcaciones pesqueras colaboraran en las maniobras, la ausencia de intervención de buzos especializados de la Armada y el traslado tardío de la nave siniestrada.
A ello se sumó una maniobra de varamiento que provocó un nuevo hundimiento de la lancha Victoria, dificultando todavía más las labores de rescate.
Respecto de la capacidad operativa institucional, el tribunal señaló expresamente:
“La Armada no contaba en el lugar ni con personal técnicamente preparado para la ejecución del salvataje ni con los medios idóneos, pero tampoco dispuso de la coordinación necesaria para complementar esas falencias, o al menos no lo probó en juicio”.
Otro de los antecedentes relevantes fue la negativa a permitir que embarcaciones pesqueras presentes en el sector prestaran colaboración.
En particular, la resolución cuestionó que se impidiera reiteradamente el zarpe de los pesqueros Isaac II y Margoth María IV, cuyos tripulantes contaban con experiencia y podían contribuir a levantar la lancha accidentada para facilitar el rescate.
El fallo también advirtió que los buzos de la Armada no participaron en la recuperación final de los cuerpos, pese a disponer de equipos autónomos de buceo que tampoco fueron facilitados para su utilización por terceros.
Para los magistrados, estas circunstancias permitieron configurar la responsabilidad estatal, al establecerse una relación de causalidad entre las deficiencias del servicio y el daño sufrido por las víctimas.
Indemnización de $700 millones para las familias
Tras acoger el recurso de apelación presentado por los demandantes, la Corte resolvió indemnizar a 16 familiares de Franco Medina Loncomilla, José Vargas García, Manuel Garcés Pérez, Jorge Martínez Maripán y Gastón Pitrullanca Gallardo.
Las compensaciones individuales oscilan entre los $30 millones y los $80 millones, de acuerdo con los vínculos familiares y la evaluación del daño moral acreditado durante el proceso judicial.
La indemnización más alta, de $80 millones, corresponde a Mabel Vargas Fica, cónyuge de Franco Medina Loncomilla e hija de José Vargas García, quien perdió a ambos familiares en la tragedia.
Asimismo, se fijaron indemnizaciones de $60 millones para cada uno de sus tres hijos, mientras que los restantes beneficiarios recibirán montos de $30 millones o $50 millones, según lo establecido en la sentencia.
El tribunal rechazó la demanda presentada por una de las personas que participaron en la acción judicial, al estimar que no se acreditaron suficientemente los antecedentes necesarios para conceder la indemnización solicitada.
La resolución también establece que las sumas deberán pagarse con los reajustes e intereses correspondientes desde que la sentencia quede firme y ejecutoriada, además de condenar a la parte demandada al pago de las costas judiciales de primera y segunda instancia.
De esta manera, el tribunal de alzada revirtió la decisión del juzgado civil y acogió la responsabilidad del Estado por falta de servicio en el operativo de salvataje, en una causa judicial derivada de la tragedia que conmocionó a la comunidad de Corral en marzo de 2020.
