El Gobierno del Presidente José Antonio Kast otorgó 56 rebajas de condena por delitos sexuales contra menores de edad, mediante decretos emitidos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026.
Los antecedentes fueron revelados este miércoles 21 de octubre por el medio de investigación Interferencia, en un reportaje de la periodista Francisca Santander Faúndez, elaborado a partir de información obtenida mediante la Ley de Transparencia.
Según la investigación, de las 56 reducciones de penas concedidas, 27 corresponden a condenas por abuso sexual de menores y 29 por violación. Durante el período examinado, el Ministerio de Justicia aprobó, en promedio, una rebaja de condena cada tres días, mientras que solamente una solicitud fue rechazada.
Los antecedentes constan en el oficio ORD. N° 7067, mediante el cual la Subsecretaría de Justicia respondió a una solicitud de acceso a la información pública presentada por Interferencia.
El reportaje también estableció, sobre la base de fuentes consultadas por ese medio, que las 56 rebajas fueron concedidas administrativamente, sin que existieran recursos de amparo u otras acciones judiciales que ordenaran otorgarlas en esos casos.
Los decretos fueron dictados bajo la fórmula «por orden del Presidente de la República», luego de pasar por las instancias de evaluación y revisión contempladas en la normativa. Esta fórmula administrativa no implica necesariamente que el Mandatario haya intervenido personalmente en cada resolución.
Ministro de Justicia defendió las decisiones
Tras conocerse los antecedentes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmó las rebajas y defendió la actuación de su cartera, argumentando que las decisiones respondieron a la aplicación de criterios establecidos previamente por la Corte Suprema.
«Nada más que eso, es el cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema», afirmó el secretario de Estado durante una intervención ante la prensa en el Congreso Nacional.
Posteriormente, al ser consultado sobre la ausencia de acciones judiciales de los beneficiados, Rabat explicó que «lo que se hizo fue precisamente recoger la doctrina de la Corte Suprema en decenas de recursos de amparo».
La controversia se relaciona con la aplicación de la Ley N° 19.856, que regula la reducción de condenas por comportamiento sobresaliente durante el cumplimiento de penas privativas de libertad.
En febrero de 2022 entró en vigencia la Ley N° 21.421, que modificó esa normativa para excluir de estos beneficios a personas condenadas por determinados delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia sostiene que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema, esa restricción no puede aplicarse retroactivamente a delitos cometidos antes de la entrada en vigencia de la modificación legal.
La discusión jurídica no está completamente zanjada, ya que existen fallos judiciales en distintos sentidos respecto de la aplicación temporal de esta exclusión.
Defensoría de la Niñez cuestionó las rebajas
La Defensoría de la Niñez manifestó su rechazo a las decisiones y anunció que solicitará al Ministerio de Justicia los antecedentes que fundamentaron el cambio de criterio para conceder estos beneficios.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, advirtió que «detrás de estas condenas hay víctimas que tienen derecho a la justicia, a la protección y a la reparación».
La autoridad también sostuvo que estas decisiones representan «un retroceso para la protección efectiva de la niñez» y planteó la necesidad de conocer los fundamentos específicos de las resoluciones.
En el ámbito político, parlamentarios de distintos sectores cuestionaron las rebajas. La bancada del PPD solicitó al Ministerio de Justicia información detallada sobre los casos, mientras que diputados de Renovación Nacional presentaron una propuesta de reforma constitucional destinada a modificar las reglas para conceder estos beneficios.
Por su parte, parlamentarios del Partido Comunista impulsan una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados para abordar la controversia y exigir explicaciones al Ejecutivo.
El debate se mantiene centrado en la legalidad de las resoluciones administrativas, la aplicación de las restricciones introducidas en 2022 y las medidas destinadas a garantizar los derechos de las víctimas.
