La Asociación N°1 de Funcionarios Municipales de La Unión expresó su preocupación por las medidas adoptadas en el municipio en medio de denuncias de hostigamiento y acoso laboral presentadas por funcionarias, antecedentes que actualmente se encuentran en conocimiento de organismos externos.
A través de un comunicado, el gremio señaló que las situaciones denunciadas derivaron en presentaciones en el contexto de la Ley Karin ante la Contraloría y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). Según afirmó la organización, tres de las cuatro denuncias fueron acogidas por esta última institución como enfermedad laboral, estableciéndose además medidas que, de acuerdo con la asociación, deben ser adoptadas por el municipio.
La presidenta de la Asociación N°1 de Funcionarios Municipales de La Unión, Katherine Reyes, explicó que las denunciantes recurrieron al gremio luego de activar las instancias institucionales correspondientes.
“Hay denuncias de acoso laboral que están sucediendo dentro de un departamento de la Municipalidad de La Unión, las cuales hicieron llegar sus cartas para acogerlas primero a nuestro directorio”, señaló Reyes.
La dirigenta sostuvo que los casos fueron derivados a la Asociación Chilena de Seguridad y que las funcionarias pasaron por distintas instancias de evaluación. Según declaró, “dentro de las cuatro denuncias que hay, tres fueron avaladas como hostigamiento laboral y acoso laboral de parte de jefaturas del municipio”.
Reyes agregó que la administración municipal se encuentra en conocimiento de los antecedentes y que los casos fueron derivados a la Contraloría debido a que una de las personas denunciadas corresponde, según sus palabras, a una jefatura de alto cargo.
“Todas estas instancias nosotros estamos a la espera de lo que dice Contraloría”, indicó la presidenta de la asociación.
Uno de los principales cuestionamientos planteados por el gremio apunta a una medida que, según el comunicado, habría sido solicitada por la persona señalada como denunciada. La asociación afirmó que dicha persona pidió, mediante correo electrónico, el cambio de funciones de una de las funcionarias involucradas.
“Esta medida, lejos de contribuir a su protección y tranquilidad laboral, podría significar una nueva situación de afectación y agravar las condiciones en las que actualmente se encuentra la funcionaria”, sostuvo la organización en su declaración.
En ese sentido, la asociación cuestionó que una de las denunciantes pudiera terminar asumiendo las consecuencias de una medida solicitada por la misma jefatura cuestionada y advirtió sobre el efecto que una situación de ese tipo podría generar entre otros trabajadores que eventualmente decidan denunciar hechos que consideren irregulares.
“No parece razonable que una funcionaria que ha planteado una situación de esta naturaleza pueda terminar siendo quien deba asumir las consecuencias de una medida adoptada por la misma jefatura cuestionada”, señaló el gremio.
Katherine Reyes, en tanto, sostuvo que el objetivo del pronunciamiento es que las funcionarias cuenten con medidas de protección y que otros trabajadores no teman recurrir a los mecanismos disponibles cuando consideren vulnerados sus derechos.
“Queremos ante este comunicado colocar el antecedente para que nadie sienta miedo en poder denunciar cuando los derechos están siendo vulnerados”, afirmó.
La presidenta de la asociación también pidió que la administración adopte las medidas de resguardo correspondientes. “Solo esperamos que la administración actual del municipio tome las medidas de resguardo, tanto para ellas como también para todos los funcionarios”, señaló.
Reyes agregó que algunos antecedentes se remontarían a años anteriores. “Estos hechos actualmente están ahora del año 2026, pero hay antecedentes de una funcionaria […] del año 2021 que se viene dando esto”, sostuvo, precisando que actualmente los antecedentes están siendo investigados por los organismos correspondientes.
“El acoso laboral se debe terminar no solamente en el municipio de La Unión, sino que en todas las instancias. El respeto, el buen ambiente laboral siempre debe existir”, manifestó la dirigenta.
En su comunicado, la asociación anunció además que continuará recurriendo a las vías administrativas e institucionales disponibles y que solicitará una audiencia ante la Contraloría Regional de Los Ríos para que los antecedentes sean revisados y se adopten las medidas que correspondan.
“Situaciones que puedan constituir hostigamiento laboral no deben normalizarse ni quedar sin una respuesta institucional adecuada”, señaló la organización.
Municipio responde al pronunciamiento
Posteriormente, la Municipalidad de La Unión difundió a través de sus redes sociales una declaración pública en respuesta al comunicado de la Asociación N°1 de Funcionarios Municipales.
La administración municipal sostuvo que “desde el primer momento de conocidos los hechos, la administración ha mostrado su real preocupación, tanto desde el punto de vista humano, con las personas afectadas por esta situación, cómo desde el punto de vista legal, dando estricto cumplimiento a las disposiciones legales que regulan la materia”.
De acuerdo con la versión municipal, el alcalde se reunió inicialmente con las funcionarias afectadas y con representantes de ambas asociaciones de funcionarios municipales, instancia en la cual se habría instado a las trabajadoras a formalizar las denuncias.
El municipio señaló que posteriormente los antecedentes fueron remitidos a la Contraloría Regional de Los Ríos, organismo que, según explicó la administración, debe desarrollar los procedimientos administrativos correspondientes.
“Posteriormente, dichas denuncias fueron remitidas a la Contraloría Regional de Los Ríos, tal como lo mandata la ley, ya que es ese órgano contralor quién debe realizar los procedimientos administrativos pertinentes, no correspondiendo al municipio ninguna participación en dichos procedimientos”, indicó la declaración.
La municipalidad agregó que solicitó una audiencia con la Contraloría Regional para conocer el estado de avance de las denuncias y sostuvo que, hasta la emisión de su declaración, no había recibido información respecto del día y hora de esa instancia.
Respecto de las resoluciones de la ACHS, el municipio confirmó haber tomado conocimiento de ellas y anunció que serán enviadas a Contraloría como antecedentes complementarios. Asimismo, aseguró que se encuentra aplicando las recomendaciones entregadas por la mutualidad.
“Se encuentra implementando, con el encargado de prevención de riesgos del municipio, las recomendaciones formuladas por dicha mutualidad, en resguardo de la salud de las denunciantes”, afirmó la administración.
Finalmente, el municipio llamó a abordar el caso respetando tanto los derechos de las denunciantes como los de la persona denunciada y a esperar el resultado del procedimiento actualmente radicado en Contraloría.
La administración municipal formuló así un llamado a enfrentar la situación “con responsabilidad, transparencia y respeto tanto, por los derechos de las funcionarias denunciantes como del funcionario denunciado, esperando con prudencia la resolución de la Contraloría Regional de Los Ríos”.
