La inclusión no es solo un tema de escuela

Cuando hablamos de inclusión en Chile, la conversación se queda casi siempre en la escuela: en el PIE, en la Ley TEA, en si hay o no un tutor. Y es fundamental, pero es solo una parte.

La verdadera pregunta es: ¿qué pasa después de la escuela?

Porque la inclusión no termina cuando suena el timbre. Ahí es donde recién empieza la exclusión más dura.

La inclusión es también política pública de empleo. Hoy tenemos una Ley de Inclusión Laboral que exige un 1% de contratación, pero en la práctica muchas empresas prefieren pagar la multa antes que adaptar un puesto de trabajo. No hay incentivos reales, no hay fiscalización efectiva y no hay acompañamiento. Necesitamos una política que no solo obligue, sino que apoye a la empresa y que asegure empleos dignos y estables, no prácticas de tres meses para cumplir.

La inclusión es política pública de ciudad. Una persona en silla de ruedas no puede usar gran parte del transporte público en regiones. Una persona ciega no tiene semáforos sonoros ni información accesible en sus trámites. Una persona con discapacidad intelectual no puede entender un formulario del Estado porque no está en lectura fácil. ¿De qué sirve hablar de inclusión si la ciudad misma expulsa? Se necesita una norma de accesibilidad universal que se cumpla de verdad, con plazos, con presupuesto y con sanciones cuando no se cumple.

La inclusión es política pública de salud. Miles de familias deben hacer rifas para pagar un diagnóstico, una terapia ocupacional o un fonoaudiólogo. La lista de espera en el sistema público puede durar años. El Estado no puede seguir dejando la inclusión en manos del bolsillo de cada familia. Necesitamos garantizar atenciones y apoyos en la red pública, de forma oportuna y territorial.

Y la inclusión es política pública de participación. El lema mundial es claro: «Nada sobre nosotros sin nosotros». No basta con consultar, hay que integrar a las personas con discapacidad y neurodivergentes en el diseño de las políticas. En los consejos comunales, en los CESFAM, en los diseños de plazas y escuelas.

Mientras sigamos entendiendo la inclusión solo como un problema educativo, seguiremos llegando tarde. La escuela puede incluir a un niño durante 12 años, pero si después la ciudad, el trabajo y la salud lo excluyen, fracasamos como Estado.

Necesitamos pasar del discurso bonito a la acción con presupuesto, fiscalización y diseño universal. Eso es hacer política pública de verdad.

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