El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, advirtió este martes 22 de septiembre que permitir el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial podría abrir una “puerta peligrosa”, al ampliar las facultades del Estado para acceder a información privada de las personas.
Las declaraciones fueron realizadas durante su participación en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, donde el secretario de Estado abordó las controversias que mantienen en comisión mixta el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, iniciativa que contempla nuevas herramientas para perseguir el dinero vinculado al crimen organizado.
Ante las consultas de los parlamentarios, Arrau sostuvo que, si bien es necesario fortalecer las capacidades de investigación, levantar el secreto bancario sin intervención de los tribunales podría establecer un precedente riesgoso respecto de otras garantías individuales.
“¿Por qué no alzamos las telecomunicaciones? Saber bien lo que está pasando. Porque ahí está el límite entre la libertad y la privacidad, versus que tengamos un estado que controle más”, planteó el ministro.
En esa línea, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la lucha contra el crimen organizado termine justificando un acceso cada vez mayor del Estado a los antecedentes privados de los ciudadanos.
“Empezar a abrir esas puertas nos parece, puede ser algo riesgoso”, señaló.
El secretario de Estado defendió el actual mecanismo de autorización judicial y sostuvo que no se le han presentado antecedentes de investigaciones que hayan enfrentado dificultades por no obtener el levantamiento del secreto bancario. A su juicio, los tribunales suelen autorizar esta medida cuando existen indicios que la justifican.
Castro cuestionó la falta de prioridad del Ejecutivo
La discusión surgió luego de que el senador Juan Luis Castro, quien presidió excepcionalmente la sesión, consultara al ministro por la importancia que el Gobierno está otorgando a la inteligencia financiera para combatir el crimen organizado.
El parlamentario cuestionó que el proyecto sobre levantamiento del secreto bancario continuara su tramitación en comisión mixta sin urgencia del Ejecutivo, pese a considerar que constituye una herramienta fundamental para seguir el dinero de las organizaciones criminales.
Castro planteó que la persecución penal no puede limitarse a detener a los integrantes de estas organizaciones, sino que también debe avanzar sobre sus estructuras financieras. Asimismo, consultó por las medidas destinadas a enfrentar la corrupción dentro de las instituciones.
Ossandón defendió la autorización judicial
Por su parte, el senador Manuel José Ossandón coincidió en la necesidad de perseguir el dinero del crimen organizado, pero advirtió sobre los eventuales riesgos de permitir el acceso a información bancaria sin la intervención de un juez.
“A mí lo que me preocupa es que esto se transforme también en una herramienta de extorsión”, expresó.
El parlamentario sostuvo que la discusión requiere un análisis más profundo y cuestionó que el levantamiento del secreto bancario se haya transformado en una consigna política.
“Yo estoy de acuerdo con abrir el secreto bancario siempre y cuando haya una autoridad, como un juez, quien la autorice”, afirmó.
La controversia se mantiene en la comisión mixta encargada de resolver las diferencias entre ambas cámaras. Uno de los puntos centrales es la posibilidad de facultar excepcionalmente a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para solicitar directamente información protegida por secreto bancario, en determinadas circunstancias y sin autorización judicial previa.
Según informó el Senado el 21 de septiembre, la instancia ya había realizado tres sesiones y acordó constituir un grupo de trabajo para elaborar propuestas que permitan avanzar en los aspectos todavía pendientes de la iniciativa.
