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Comunidad mapuche de La Unión rechaza acusaciones y respalda al lonko Carlos Carrasco tras ser formalizado 

La Comunidad Cacique Sebastián Loncochino, Lof Pilpilkawin, emitió un comunicado en el que cuestionó el allanamiento realizado el 14 de septiembre y rechazó que el lonko Carlos Carrasco sea vinculado con delitos distintos de aquellos por los que fue formalizado. Su detención se produjo en el marco de la Operación Terra, investigación encabezada por la Fiscalía Regional de Los Ríos y desarrollada junto a la PDI, que dejó seis imputados, entre ellos dos entonces funcionarios activos de Carabineros y un funcionario en retiro. Carrasco fue formalizado por usurpación no violenta y sustracción de madera y quedó con arresto domiciliario mientras dure la investigación.

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La Comunidad Cacique Sebastián Loncochino, Lof Pilpilkawin, de La Unión, difundió un comunicado público en el que rechazó las acusaciones formuladas públicamente contra el lonko Carlos Carrasco luego de su detención en el marco de la denominada Operación Terra y cuestionó el procedimiento realizado durante la madrugada del 14 de septiembre.

En el documento, la comunidad sostuvo que cerca de las 6:30 horas de esa jornada “sufrimos un violento allanamiento en nuestro territorio”, procedimiento en el que fue detenido Carlos Carrasco, quien posteriormente fue formalizado por los delitos de usurpación no violenta y sustracción de madera.

La organización también denunció que durante el operativo “un menor de edad de 13 años fue esposado frente a sus padres y hermano menor de 7 años”, agregando que los menores habrían resultado “afectados física y psicológicamente”. Estas afirmaciones corresponden a lo sostenido por la comunidad en su comunicado.

El documento identifica a Carrasco como lonko y Zugunmachife, y lo describe como una figura relevante para distintos procesos espirituales y culturales mapuche. Según la declaración, “su detención no solo lo afecta a él, a su familia y su comunidad sino a muchos lof, personas mapuche que llevan sus procesos espirituales”.

La comunidad agregó que Carrasco participa en procesos de revitalización del idioma mapuche y señaló que también es “un destacado Rütxafe (orfebre mapuche) y conocedor de la historia del territorio de la Fütawillimapu”.

Uno de los principales cuestionamientos del comunicado apunta a la vinculación pública de Carrasco con otros ilícitos investigados en la Operación Terra. La organización afirmó que “rechazamos rotundamente las acusaciones que se infundieron en los medios de comunicación serviles al poder, tratándolo de vincular a delitos y personas con las cuales no tiene ninguna relación”.

A continuación, sostuvo que aquello “quedó demostrado en la formalización de cargos, ya que no se presentaron cargos ni pruebas que demuestren las acusaciones de pertenecer a una banda criminal ni relación con el delito abigeato”.

En efecto, de acuerdo con los antecedentes entregados sobre la formalización, a Carlos Carrasco se le atribuyeron los delitos de usurpación no violenta y sustracción de madera. El tribunal decretó en su contra la medida cautelar de arresto domiciliario mientras se desarrolla la investigación.

La detención se produjo en el contexto de la Operación Terra, investigación encabezada por la Fiscalía Regional de Los Ríos y desarrollada junto a la PDI, iniciada en 2025 a partir de una denuncia por usurpación no violenta de un terreno forestal en La Unión.

Con el avance de las diligencias, el Ministerio Público reunió antecedentes sobre presuntos delitos vinculados con sustracción y comercialización de madera, abigeato, faenamiento clandestino y venta de carne, entre otros hechos investigados. Las imputaciones se encuentran sometidas al proceso penal y no constituyen condenas.

El operativo terminó con seis personas detenidas, entre ellas dos funcionarios de Carabineros que se encontraban en servicio activo y un funcionario en retiro. Los dos efectivos activos fueron posteriormente dados de baja por la institución.

Los seis detenidos fueron formalizados ante el Juzgado de Garantía de La Unión por los delitos que la Fiscalía atribuyó a cada uno. Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para dos imputados, petición que fue rechazada por el tribunal. Según la situación de cada formalizado, se decretaron cautelares como arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse al predio investigado, además de fijarse un plazo de 90 días de investigación.

En su comunicado, la Comunidad Cacique Sebastián Loncochino también vinculó el procedimiento con el proceso de recuperación territorial que mantiene desde hace cerca de siete años. Al respecto, aseguró que las familias involucradas cuentan “con la documentación de las tierras como títulos de propiedad y también título ancestral de Comisario entregado por el estado chileno en 1849 a nuestro antiguo Lonko el Cacique Sebastián Loncochino”.

La organización sostuvo además que mantiene procedimientos dentro de la institucionalidad chilena y afirmó que “la lucha por la tierra, la defensa del territorio y la reconstrucción del mapuche az mogen es el trasfondo de este asunto lo cual pretende ser criminalizado”.

El comunicado también formuló acusaciones contra Forestal Arauco, señalando que existiría un “show mediático político – empresarial orquestado por forestal Arauco” destinado, según la comunidad, a afectar la imagen de Carrasco y el proceso de recuperación territorial. Esta afirmación corresponde exclusivamente a la versión expresada por la organización en su declaración pública.

Asimismo, la comunidad cuestionó la difusión de antecedentes de la investigación y aseguró que “el proceso investigativo estaba bajo estricta reserva para nuestros abogados, pero en menos de 24 horas los medios de comunicación instalaron la figura delictiva reproduciendo esta noticia en todos los medios de comunicación oficial a nivel nacional”.

A partir de ello, sostuvo que “lo que demuestra que este es un montaje previamente establecido”, expresión que forma parte de las acusaciones realizadas por la comunidad y que no constituye un hecho acreditado en los antecedentes disponibles.

Finalmente, la organización llamó a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) a agilizar los procesos vinculados a su reclamación territorial, señalando que su documentación “duerme ahí hace ya casi 7 años”.

El comunicado cerró agradeciendo las muestras de respaldo recibidas y llamando a mantenerse atentos al proceso judicial que enfrenta Carlos Carrasco.

 

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