Agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de distintas regiones del país difundieron este 11 de septiembre una declaración pública en la que expresaron su preocupación por lo que califican como retrocesos en materia de derechos humanos desde el inicio del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.
El pronunciamiento fue acordado en una instancia nacional realizada en Santiago, según explicó Ida Sepúlveda, dirigenta nacional y presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia. La representante señaló que “se tomó el acuerdo de hacer un comunicado a nivel nacional y hacerlo llegar a los medios”, con el propósito de “dar a conocer todo nuestro descontento, y también toda nuestra propuesta de trabajo”.
Sepúlveda agregó que el objetivo también es informar a la ciudadanía sobre el trabajo desarrollado por estas organizaciones y los asuntos que permanecen pendientes. “Dar a conocer al público y a toda la comunidad cuáles han sido los avances de las agrupaciones y el trabajo que he realizado hasta hoy día, como así también todo lo que queda pendiente”, sostuvo.
En la declaración, emitida al cumplirse 53 años del golpe de Estado de 1973, las organizaciones manifiestan su “profunda preocupación por los numerosos retrocesos” que, sostienen, se han registrado desde marzo. Entre sus principales cuestionamientos mencionan el retiro desde la Contraloría del Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos, el retraso en la discusión del proyecto destinado a consagrar legalmente el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, la suspensión del proceso de expropiación de Colonia Dignidad y la disolución de la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares.
El documento también cuestiona la eventual posibilidad de indultos a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos y acusa la existencia de una “política negacionista del Ejecutivo”. Estas expresiones corresponden a la posición manifestada por las organizaciones firmantes en su declaración pública.
Las agrupaciones sostienen además que los avances alcanzados en materia de verdad y justicia han sido resultado del trabajo desarrollado durante décadas por familiares y organizaciones, y afirman que han impulsado el cumplimiento de los compromisos internacionales de Chile respecto de crímenes de lesa humanidad.
En ese contexto, el comunicado señala que el Estado mantiene pendiente la búsqueda de “1.092 personas detenidas desaparecidas y 377 ejecutadas políticas cuyos cuerpos aún no son encontrados”. Asimismo, las organizaciones afirman que, salvo durante el Gobierno de Gabriel Boric, no habían sido recibidas por un jefe o jefa de Estado para abordar estas materias.
El texto también dirige cuestionamientos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat. Las agrupaciones aseguran que, transcurridos seis meses desde que asumió el cargo, “jamás nos ha recibido ni escuchado, a pesar de las reiteradas peticiones de audiencia”.
Finalmente, las organizaciones reafirmaron su intención de continuar impulsando medidas en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. “Nuestra pelea ha sido de décadas y seguiremos luchando para que el Estado chileno salde su deuda con las y los familiares y víctimas de violaciones a los Derechos Humanos”, señala la declaración.
Entre las organizaciones que suscriben el documento se encuentra la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia, junto con entidades de La Serena, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Linares, Mulchén, Liquiñe, Parral, Laja-San Rosendo, Paine, Talca, La Araucanía, Iquique y Pisagua, Atacama, Valparaíso, Osorno, Coyhaique y Antofagasta, además de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
