La relación del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, con la política interna ha estado marcada por una sucesión de controversias durante los primeros seis meses del gobierno del Presidente José Antonio Kast. Desde el mismo día del cambio de mando hasta sus recientes declaraciones sobre el estallido social de 2019, distintas intervenciones del diplomático han abierto debates sobre los límites de su función, la soberanía chilena y el alcance de la relación entre Santiago y Washington.
Uno de los primeros episodios ocurrió precisamente el 11 de marzo, jornada en que Kast asumió la Presidencia. Consultado por el futuro del proyecto de cable submarino que involucraba a China, Judd sostuvo: “Yo creo que el cable chino ya se acabó. No creo que vaya a seguir, pero vamos a ver”. La afirmación fue realizada cuando correspondía al nuevo Gobierno chileno definir el futuro de la iniciativa.
El diplomático vinculó sus reparos a la seguridad de la información compartida entre ambos países y recalcó que Chile podía adoptar sus propias decisiones. Ese mismo día, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle planteó que el futuro del proyecto era una determinación que correspondía al recién asumido Presidente Kast.
Meses después, la política arancelaria de Estados Unidos abrió otro flanco. A fines de julio, los ministros de Agricultura, Jaime Campos, y de Defensa, Fernando Barros, cuestionaron el incremento de los gravámenes estadounidenses sobre productos chilenos. Judd respondió directamente a los secretarios de Estado y sostuvo que sus comentarios podían perjudicar las negociaciones que desarrollaba Chile.
“Es muy decepcionante que mientras hay negociaciones en curso, ministros que no tienen nada que ver con estas negociaciones, estén haciendo comentarios”, declaró el embajador. También afirmó que no creía que los ministros hubiesen leído realmente el Tratado de Libre Comercio y agregó que “siempre es bueno que se informen”.
Las palabras generaron un nuevo debate por el tono empleado hacia integrantes del gabinete de Kast. El canciller Francisco Pérez Mackenna optó por descomprimir la controversia y señaló entonces que prefería concentrarse en la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Washington.
Durante agosto, las diferencias se trasladaron al ámbito de la seguridad regional. Estados Unidos había incluido a Chile entre los países relacionados con la denominada Coalición Contra los Cárteles de las Américas, iniciativa derivada del “Escudo de las Américas”, mientras dentro del Gobierno surgían precisiones sobre el alcance de la participación chilena.
En ese contexto, el ministro de Defensa, Fernando Barros, sostuvo que Chile no era “el patio trasero de ningún país”, luego de abordar planteamientos estadounidenses relacionados con seguridad hemisférica y la denominada “Doctrina Monroe 2.0”.
Días después, Judd publicó en su cuenta de X una declaración conjunta fechada el 12 de marzo y firmada por Barros, en la que se expresaba la intención de ampliar la cooperación bilateral y multilateral en seguridad y avanzar en una coalición contra el narcoterrorismo y otras amenazas. La divulgación del documento provocó cuestionamientos de parlamentarios opositores, quienes acusaron al diplomático de ejercer presión sobre el Gobierno.
La controversia escaló en septiembre. Durante el Foro Madrid realizado el 3 de septiembre en Santiago, Judd defendió la denominada “Doctrina Donroe”, concepto utilizado para describir la política hemisférica impulsada por la administración del Presidente estadounidense Donald Trump.
El embajador sostuvo que los representantes estadounidenses estaban facultados para implementarla de acuerdo con las características de cada país y vinculó expresamente su aplicación con la actual administración chilena. “Cuando tenemos administraciones como la del Presidente Kast, se vuelve algo muy fácil”, afirmó. También sostuvo que Chile ya estaba ejerciendo esa doctrina.
Las palabras generaron cuestionamientos desde la oposición, donde parlamentarios acusaron una eventual injerencia estadounidense en asuntos internos. El propio Presidente Kast tomó distancia posteriormente de esa denominación y señaló que su administración estaba implementando una doctrina “proChile”.
El episodio más reciente comenzó el 8 de septiembre, cuando Judd se refirió en una entrevista televisiva al origen de los hechos de violencia ocurridos durante el estallido social de 2019. El diplomático afirmó que la información que manejaba Estados Unidos permitía atribuirlos a organizaciones o sectores de ideología de izquierda.
La declaración llevó a Cancillería a convocarlo para solicitar los antecedentes mencionados. Tras la reunión del 9 de septiembre con Judd, el canciller Pérez Mackenna recordó públicamente que los embajadores extranjeros no deben intervenir mediante opiniones sobre política interna y señaló que cualquier antecedente relevante sería remitido a las instituciones competentes.
A la salida del encuentro, Judd precisó que Estados Unidos no había efectuado una investigación propia sobre el estallido social y que el análisis se había construido utilizando fuentes abiertas e información disponible en Chile. También sostuvo que no tenían antecedentes específicos sobre grupos determinados.
La controversia sumó este jueves 10 de septiembre una nueva consecuencia política. Diez diputados del Partido Comunista, junto a la diputada de Acción Humanista Ana María Gazmuri, oficiaron al canciller Pérez Mackenna solicitándole declarar a Judd persona non grata, argumentando una reiterada injerencia del diplomático en asuntos internos. La presentación constituye una solicitud parlamentaria y no una decisión adoptada por el Ejecutivo.
Los cuestionamientos a Judd no comenzaron con la administración Kast. Durante el gobierno de Gabriel Boric, el diplomático ya había generado un conflicto formal con La Moneda. El 21 de noviembre de 2025, el entonces canciller Alberto van Klaveren informó que Chile había entregado una nota de protesta por declaraciones del recién designado embajador sobre el Presidente y el proceso político nacional.
Van Klaveren calificó entonces sus expresiones como “inapropiadas” y “desafortunadas” y sostuvo que sus comentarios sobre el escenario político chileno representaban una intervención en asuntos internos. Ese antecedente abrió una relación diplomática marcada posteriormente por nuevas diferencias, que han continuado y adquirido otros énfasis durante el gobierno de José Antonio Kast.
