Esta semana, esa arquitectura empezó a desmoronarse y no por acción de la oposición, sino por falta de respaldo dentro de la propia coalición de gobierno. La Moneda evalúa reducir el proyecto a tres o cuatro modificaciones constitucionales indispensables, trasladar buena parte del articulado a leyes simples y aceptar la exigencia de Chile Vamos, todo ello, solo para pensar en tramitarlo, pese a varias voces que han pedido retirarlo. Lo notable de esta semana fue que la reforma perdió terreno porque no están asegurados los votos, pues una parte del oficialismo entiende que la seguridad no puede convertirse en una vía para debilitar los controles democráticos.
En ese mismo clima, los alcaldes de Maipú y Providencia, uno del Frente Amplio, el otro de la UDI, publicaron una carta conjunta llamando a construir acuerdos de Estado que trasciendan los ciclos de cuatro años, un gesto que cruzó el espectro político y que, viniendo justo cuando la reforma mostraba sus costuras, funcionó casi como contrapunto: mientras el gobierno buscaba blindarse ante el Congreso, dos alcaldes de sectores distintos apostaban por lo contrario, un mínimo común que sobreviva a los gobiernos de turno.
Cerrando la semana, Evópoli y RN se restaron institucionalmente del Foro Madrid, la cumbre de extrema derecha que Kast encabezará junto a Abascal y Milei en Santiago a comienzos de septiembre, aunque algunos de sus parlamentarios asistirán a título personal. Voces del propio sector oficialista advirtieron que la presencia del Presidente en ese espacio puede reforzar la percepción de una “deriva iliberal” del gobierno. Pero el Presidente es socio fundador de este foro donde muy presumiblemente se homenajeará a Javier Milei y mientras tanto el gobierno tiene estos frentes abiertos: En el sur está el estrecho de Magallanes, cuestionado en su soberanía por militares argentinos y comienza el desmarque del caso Cerimedo, el consultor y dueño de granjas de “bots” detenido en Bolivia, cuyos vínculos con campañas presidenciales siguen bajo investigación. No hay contradicción, es su ideología la que se manifiesta.
Y así mientras la discusión legislativa y la política de los gestos ocupaba los titulares, un episodio judicial causó revuelo condensando el problema de fondo. El 12 de agosto, el Juzgado de Garantía de Iquique ordenó que tres imputados del llamado “Clan Chen”, vinculados a una estafa transnacional de más de US$180 millones, regresaran a la cárcel de Alto Hospicio, revirtiendo su traslado a la nueva cárcel de máxima seguridad de Talca dentro del «Plan Cancerbero». Gendarmería pidió reconsideración, invocando razones de seguridad institucional y la idoneidad del recinto, pero el juez la rechazó el 24 de agosto, sin antecedentes que a su juicio ameritaran modificar lo ya resuelto, ordenando el retorno «a la brevedad» del imputado.
Lo revelador no es el fallo en sí, pues forma parte de la litigación penal ordinaria, sino la respuesta presidencial. El propio Kast cuestionó la resolución del Juzgado de Garantía de Iquique, reivindicando las atribuciones de Gendarmería y preguntándose «¿Dónde queda la autoridad de Gendarmería?» y no ocultó su inquietud por los efectos que ese tipo de fallos tiene sobre la seguridad. Luego inmediatamente, el Gobierno utilizó el revés judicial no para revisar el diseño de sus traslados de internos, sino como argumento a favor de constitucionalizar regímenes penitenciarios diferenciados dentro de la misma reforma de seguridad.
El hilo común de estos episodios es claro: el sistema aún cuenta con instituciones capaces de frenar decisiones del Ejecutivo. Pero, en lugar de asumir esos límites como parte del orden democrático, el Gobierno los utiliza para justificar la ampliación de sus propias facultades.
En regiones como Los Ríos, donde no existe una infraestructura penitenciaria de alta seguridad comparable a la de Talca, esta discusión importa tanto como en Santiago. Los tribunales de garantía locales terminan resolviendo, muchas veces sin cámaras ni declaraciones públicas, las mismas tensiones entre seguridad, administración penitenciaria y derechos fundamentales que luego se debaten a nivel nacional. Y si cada límite judicial a la autoridad administrativa es presentado como una amenaza a la seguridad, el riesgo es evidente: la seguridad deja de ser una política de Estado y pasa a utilizarse como justificación para debilitar los controles democráticos.
