Una prolongada tramitación administrativa mantiene en incertidumbre a las familias del Comité Santa Mónica de La Unión, cuyos expedientes para modificar los permisos de edificación permanecen paralizados desde enero de este año, pese a que ocho de las viviendas se encuentran terminadas y a la espera de avanzar hacia su recepción y entrega.
De acuerdo con antecedentes proporcionados por la Entidad Patrocinante Nuevo Sendero (EPANSE), son 18 los expedientes que permanecen a la espera de un pronunciamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, requerido por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de La Unión mediante el Oficio Ordinario N.º 006, del 12 de enero de 2026. Según la entidad, se trata de una tramitación administrativa y no existirían observaciones técnicas de fondo a los proyectos.
Los antecedentes técnicos entregados indican que la modificación de los permisos se relaciona principalmente con cambios efectuados respecto del sistema estructural contemplado durante las distintas etapas del proyecto, además de adecuaciones menores derivadas de las dimensiones de algunos terrenos.
La secretaria del Comité Santa Mónica, Isabel Candia Cárdenas, explicó que ocho viviendas se encuentran terminadas desde marzo, pero las familias todavía no pueden recibirlas.
“En el mes de marzo había ocho casas terminadas para entrega. Se entregaron las carpetas a la Dirección de Obras de la Municipalidad de La Unión, las cuales fueron rechazadas, y así han sido rechazadas desde el mes de marzo. Todas las veces que se entregan son rechazadas, la verdad es que la inoperancia de la DOM no da para más”, señaló.
Respecto de las modificaciones efectuadas, la dirigente sostuvo que parte de ellas responde a las características de los terrenos donde fueron construidas las viviendas. “Son de 10 por 7 algunos; el que más tiene es de 11 por 7. Por lo tanto, una vivienda tiene que adecuarse a ese pequeño sitio. Esa pequeña modificación que se hizo, él no la acepta”, afirmó.
La demora ha generado además un problema que preocupa especialmente a las familias: el deterioro y vandalización de viviendas que permanecen desocupadas pese a encontrarse terminadas.
“Las viviendas han sido muy vandalizadas, robándose ventanas, puertas y tazas de baño. Como están sin habitar, también se están deteriorando”, denunció Candia.
Los antecedentes aportados por EPANSE dan cuenta de la sustracción del alero y el lavaplatos desde una de las casas y señalan que una vivienda estaría siendo utilizada durante las noches por personas ajenas al proyecto. La entidad patrocinante también informó que una de las beneficiarias falleció sin alcanzar a recibir su vivienda.
Mientras las casas permanecen desocupadas, las familias continúan utilizando beneficios de traslado y albergue financiados por el MINVU, situación que, según los antecedentes proporcionados, implica mantener un gasto fiscal mientras las viviendas esperan completar su tramitación administrativa.
Candia aseguró que los beneficiarios han recurrido a distintas autoridades buscando una solución. Según relató, sostuvieron dos reuniones con el alcalde de La Unión para plantear las dificultades que enfrentan con la Dirección de Obras Municipales.
“En la primera se le informó de lo que estaba pasando con nuestras viviendas y con la DOM, y luego se fue a otra reunión para tener respuesta de él. La respuesta del alcalde fue que él no puede hacer nada porque no puede intervenir en la DOM”, sostuvo.
La dirigente señaló además que han participado en reuniones con representantes del sector Vivienda y advirtió que, si no existe una solución, las familias podrían recurrir a movilizaciones.
Los cuestionamientos también han sido planteados desde el Concejo Municipal. La concejala Jessica Cossio afirmó que han solicitado antecedentes en reiteradas ocasiones, pero, según indicó, no han obtenido una respuesta que permita dar certeza a los beneficiarios.
“Nosotros, en reiteradas ocasiones, hemos consultado a través del Concejo Municipal qué es lo que pasa, porque estos documentos dependen de Obras Municipales y también del Serviu y de la Seremi de Vivienda. No hemos tenido nunca respuesta y los vecinos ya están agotados de ir a revisar sus casas todos los días y que finalmente no se les entreguen”, manifestó.
Cossio también cuestionó las consecuencias económicas que genera prolongar esta situación. “También se hace un gasto al Estado con el tema de los arriendos, que tienen que volver a renovarse cada seis meses porque las casas no se han entregado, y este no es el único proyecto que está en esas condiciones”, agregó.
La situación llegó además al Consejo Regional de Los Ríos. El consejero regional Sebastián Gómez señaló que integrantes del organismo visitaron el proyecto durante la semana pasada y pudieron constatar daños en algunas viviendas.
“Estamos bastante preocupados nosotros, en particular los consejeros regionales, precisamente porque este es un proyecto que ya tiene un nivel de avance importante. Tuvimos la oportunidad de visitar las viviendas durante la semana pasada y algunas incluso están siendo vandalizadas”, afirmó.
Gómez agregó que, a través de la Comisión de Vivienda del CORE, fueron convocados representantes de Serviu, Minvu y del municipio de La Unión para abordar el problema, pero señaló que no pudieron asistir durante dos sesiones.
El consejero regional cuestionó que una tramitación administrativa continúe separando a las familias de viviendas que materialmente se encuentran en la etapa final del proyecto.
“Hoy día ellos no pueden tener acceso a una vivienda digna producto de un trámite administrativo. Para mí, al menos como consejero regional, lo considero totalmente inaceptable, toda vez que ya los trabajos se encuentran en la última etapa de ejecución y solo se está esperando la aprobación de la modificación del permiso de edificación”, sostuvo.
Tras años de espera para concretar el proyecto, las familias del Comité Santa Mónica exigen que los organismos involucrados destraben la tramitación y permitan avanzar hacia las recepciones y entregas. La urgencia, sostienen, aumenta a medida que viviendas construidas con recursos públicos permanecen desocupadas y expuestas a nuevos robos, daños y deterioro.
