¿Qué es ser iliberal? En términos simples es gobernar debilitando los mecanismos que podrían frenar al propio gobierno, incluso conservando las formas democráticas, elecciones, Congreso, Constitución, que en apariencia siguen intactas. El poder no se toma por la fuerza, se redefinen las reglas para que el contrapeso llegue tarde, incompleto o simplemente no llegue.
Hagamos un examen de varias pruebas. La primera es la reforma constitucional de seguridad que el Gobierno ingresó esta semana al Senado, cuyo borrador filtrado ya fue polémico y que analizamos en la columna anterior. Con el texto ingresado podemos señalar que se crea un nuevo estado de excepción de seguridad pública que puede extenderse hasta ocho meses, ciento veinte días iniciales, prorrogables por otros ciento veinte, sin que el Congreso deba autorizar nada hasta la tercera fase. Durante ese lapso, el Presidente queda facultado para suspender la libertad personal y de locomoción, restringir el derecho de reunión y asociación, interceptar comunicaciones y disponer requisiciones de bienes. No es una herramienta acotada para una emergencia puntual: es un régimen prolongado que nace fuera del control legislativo inmediato, con el Congreso reducido a espectador informado antes que a contrapeso real.
La segunda prueba del examen es más reveladora todavía, porque no está en el texto del proyecto sino en el reflejo político que provocó. Cuando la reforma empezó a tropezar con los votos, RN, Evópoli y la propia UDI plantearon reparos, el quórum de cuatro séptimos luce hoy incierto y sectores del oficialismo asomaron una alternativa: si el Congreso no da los votos, que decida la ciudadanía. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, lo dijo sin rodeos: la posibilidad de un plebiscito «es una opción que no se puede descartar». La idea no prosperó, el propio Gobierno la descartó con rapidez, y el ministro Segpres explicó que esa alternativa no está contemplada porque, a su juicio, no existe sustento constitucional para convocar una consulta de ese tipo en esta etapa.
Hagamos una lectura generosa de ese lapsus: Quizás nadie pensó jamás en convocar realmente un plebiscito. Quizás la función de este verdadero globo sonda no era llegar a las urnas, sino correr el cerco de lo discutible. Lanzar una idea extrema, saltarse al Congreso apelando directamente a la ciudadanía, no para ejecutarla, sino para que, al recular, lo que quede como «posición moderada» ya no sea la reforma original, sino una reforma que hace unos días parecía inaceptable y hoy se negocia como punto de partida razonable. Esto es una técnica con nombre en la ciencia política: la ventana de Overton y consiste en mover primero el límite de lo pensable para que después baste con no cruzarlo del todo. ¿Astucia, imprudencia o ignorancia? Juzgue usted.
En Los Ríos sabemos bien lo que es vivir bajo estado de excepción, porque llevamos años viendo cómo se aplica al sur del Biobío por el conflicto en la Araucanía. Y la pregunta que casi nadie hace en Santiago es la más simple de todas: ¿ha funcionado? En principio me inclino a reconocer un gran trabajo del Ministerio Público y las policías, hecho aplicando normas legales, mucha dedicación y coordinación.
Pero ocho meses de restricciones a la libertad de movernos, de reunirnos o de que no nos intercepten las comunicaciones no es letra chica para nosotros, es una posibilidad real, con nombre de comuna y de vecino. No existe ninguna evidencia sólida, ni en Chile ni en experiencias comparadas, de que extender un estado de excepción de cuatro a ocho meses, por sí solo, reduzca el crimen organizado. Lo que sí sabemos con certeza es que ese tipo de medidas, una vez instaladas, rara vez se retiran del todo cuando la amenaza que las justificó desaparece. El costo institucional es inmediato y verificable; el beneficio en seguridad es, en el mejor de los casos, una promesa y no podemos aceptar perder derechos a cambio de una fórmula que nadie ha probado que funcione.
Al final todo este examen resulta inquietante por la sensación que se acumula día a día: la de estar observando, en tiempo real, cómo se erosiona el andamiaje que hace de una democracia algo distinto de la sola voluntad de quien gobierna. Pero observar no puede ser el punto final. Las democracias no mueren por un solo golpe que alguien pueda señalar a tiempo; mueren, como enseña la historia por la acumulación de pequeñas cesiones que cada ciudadano decide no disputar porque ninguna parece suficiente motivo de alarma.
Ese es exactamente el margen que este examen le pide a Chile no conceder: exigir que cada derecho amenazado pase realmente por el Congreso, que cada intento de saltarse las reglas, aunque se retire al día siguiente, quede registrado como lo que es y que la discusión pública deje de aceptar como normal lo que hace un año habría sido motivo de escándalo. Nadie ha declarado una dictadura y nadie necesita hacerlo, si el país se acostumbra a mirar; el pato solo sigue caminando mientras los demócratas no se animen a cerrarle el paso.
