Desde 2011 soy usuario de un comité APR. En 2012 me inscribí en el registro de socios y desde 2021 soy parte del directorio. En 2023 participé en la Mesa Única Nacional, en representación de la región de Los Ríos, donde se discutieron propuestas para modificar la Ley N.º 20.998.

En esa instancia conocí la realidad de muchos comités del país. Vi el esfuerzo de dirigentes y dirigentas que muchas veces son incomprendidos por las mismas comunidades que representan. También vi que, en muchas ocasiones, usan recursos propios para hacer gestiones, trasladarse y resolver problemas del servicio.

A pesar de eso, se les acusa con demasiada facilidad. Se les imputan faltas o delitos sin investigaciones que los acrediten. Algunos dirigentes incluso han sido agredidos física y psicológicamente, dañando también la confianza de sus comunidades.

La situación es más grave cuando esas acusaciones provienen de una autoridad del Estado, como el senador Ignacio Urrutia, del Partido Republicano. Sus declaraciones se produjeron durante la discusión de la reforma a la Ley N.º 20.998, en la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado.

No estaba hablando en cualquier lugar. Estaba participando en una discusión que definirá el futuro de los APR. Por eso sus palabras son graves. Un senador tiene la responsabilidad de legislar y aportar antecedentes serios, no instalar la idea de que los dirigentes somos incapaces o que administramos recursos para beneficio propio.

Si existen irregularidades, que se investiguen. Si existen delitos, que se denuncien. Si alguien se apropió de recursos de la comunidad, que responda ante la justicia. Pero si el senador tiene antecedentes, debe entregarlos. No basta con lanzar acusaciones y dejar instalada la sospecha sobre todos.

Los APR no estamos fuera de la ley. La Ley N.º 20.998 establece obligaciones y mecanismos de regulación y fiscalización para los servicios sanitarios rurales. Lo que no aceptamos es que se confunda fiscalización con estigmatización.

Fiscalizar es investigar y sancionar cuando corresponde. Estigmatizar es acusar a todos por los hechos de algunos, sin pruebas y sin respetar el debido proceso.

La discusión de la ley debería fortalecer a los comités, no debilitarlos. Si se quieren más responsabilidades, también deben existir capacitación, apoyo técnico, financiamiento e infraestructura. No se puede exigir más a las comunidades y, al mismo tiempo, decir que sus dirigentes no están preparados.

También existen distintas miradas sobre cómo debe organizarse y administrarse el agua potable rural. Algunas propuestas ponen mayor énfasis en la eficiencia, la regulación y la participación de operadores externos. Sin embargo, cualquier cambio debe reconocer que los APR tienen una historia comunitaria y que sus dirigentes han demostrado capacidad para sostener estos servicios en sus territorios.

Por eso, mejorar la gestión no puede significar deslegitimar a las comunidades ni poner en duda, de manera general, el trabajo de sus dirigentes. La fiscalización, la capacitación y el apoyo técnico son necesarios, pero deben servir para fortalecer la gestión comunitaria y asegurar la continuidad del servicio.

También debemos estar atentos a que cualquier reforma mantenga el carácter comunitario de los APR y no termine abriendo, sin una discusión clara, la puerta a modelos que alejen las decisiones de las comunidades.

Primero se descalifica a los dirigentes. Después se dice que las comunidades no tienen capacidad para administrar. Finalmente, se presenta a los operadores externos como la única alternativa. No podemos permitir que ese camino se abra sin que las comunidades sean escuchadas.

Los APR fueron levantados por las comunidades y se han sostenido durante décadas gracias al trabajo de sus dirigentes y socios. El agua rural no puede transformarse en un negocio alejado de las necesidades de los territorios.

De la misma manera, desafío a los representantes del Partido Republicano de la región de Los Ríos a pronunciarse frente a esta grave acusación. ¿Comparten las palabras del senador Ignacio Urrutia? ¿Creen que los dirigentes de los APR somos incapaces o que administramos los recursos de nuestras comunidades para beneficio propio?

El silencio también dice algo. Si tienen antecedentes, que los presenten. Si respaldan sus dichos, que lo digan públicamente. Y si consideran que esas acusaciones fueron injustas, también corresponde que lo expresen.

No somos delincuentes ni incapaces. Somos dirigentes comunitarios que hemos asumido una responsabilidad que muchas veces el Estado no ha querido o no ha podido asumir directamente.

La gestión comunitaria se puede mejorar, capacitar y fiscalizar. Lo que no se puede hacer es destruirla a punta de acusaciones para después reemplazarla sin una discusión seria con las comunidades.

Aclaración: Esta es una opinión personal. No representa al comité APR del que soy parte ni compromete a sus dirigentes, socios o usuarios.