La seguridad volvió a instalarse con fuerza en el centro de las preocupaciones ciudadanas. Así lo reflejó la encuesta Agenda Criteria difundida este 16 de agosto, en la que esta materia concentró el 28% de las menciones, ubicándose por encima de la salud pública, con 16%, y el empleo, con 15%.
El escenario coincide con una evaluación mayoritariamente negativa sobre el desempeño del Gobierno en el combate contra la delincuencia. De acuerdo con el estudio, un 54% de los encuestados considera que la gestión en seguridad ha sido peor de lo que esperaba, mientras que solo un 19% sostiene que ha sido mejor de lo previsto.
En cuanto a la evaluación general del mandatario, el presidente José Antonio Kast registra un 35% de aprobación, mientras que su desaprobación se sitúa en 55%.
El sondeo también abordó a quiénes atribuyen los ciudadanos la responsabilidad por la actual situación de seguridad. Un 35% considera que responde a problemas heredados del gobierno anterior, un 32% estima que obedece a una combinación de factores y un 27% responsabiliza directamente a la actual administración.
Las respuestas presentan diferencias relevantes dependiendo de la identificación política de los encuestados. Entre quienes se ubican en la derecha, un 62% atribuye la situación a problemas heredados, mientras que entre quienes se identifican con la izquierda un 50% responsabiliza al actual Gobierno.
Otro de los resultados del estudio apunta a la disposición de la ciudadanía a privilegiar la seguridad por sobre determinadas libertades individuales. Un 73% manifestó que prioriza la seguridad incluso si ello implica ceder ciertas libertades, cifra que representa un incremento respecto del 68% registrado en 2022.
Esta posición se observa en los distintos sectores políticos, aunque con diferencias importantes: alcanza un 86% entre quienes se identifican con la derecha y disminuye a un 51% entre quienes se ubican en la izquierda.
Respecto de las acciones que debería impulsar el Ejecutivo, un 61% de los consultados señaló que prefiere que el Gobierno concentre sus esfuerzos en aprobar nuevas leyes para enfrentar la delincuencia, frente a un 30% que se inclina por priorizar la implementación de la legislación actualmente vigente.
La encuesta, además, registró altos niveles de respaldo a las distintas medidas de seguridad consultadas. Un 94% apoya aumentar las penas por reclutar menores para cometer delitos, aunque solo un 61% cree que esta medida efectivamente se cumplirá. El mismo nivel de respaldo, 94%, obtiene establecer la pertenencia a una organización criminal como delito con penas agravadas, mientras un 64% confía en su cumplimiento.
Por otra parte, el despliegue policial permanente en 50 barrios críticos obtiene un 90% de apoyo, pero solo un 55% cree que llegará a concretarse. La implementación de un régimen penitenciario especial para narcotraficantes alcanza un 84% de respaldo, frente a un 53% que estima que se cumplirá.
En materia fronteriza, un 82% respalda reforzar las fronteras mediante zanjas, drones y sistemas de monitoreo, aunque la expectativa de cumplimiento llega al 64%. Finalmente, un 75% apoya otorgar protección legal a policías y militares que actúen en legítima defensa, medida que registra un 69% de confianza respecto de su concreción.
De esta manera, los resultados muestran una brecha entre el amplio respaldo ciudadano a las medidas propuestas y las expectativas sobre su efectiva implementación. Mientras las iniciativas consultadas obtienen niveles de apoyo que fluctúan entre 75% y 94%, la proporción de quienes creen que se concretarán se mueve entre 53% y 69%.
