¿Qué es lo interesante de esto? Que el fallo confirma el rol que el Tribunal Constitucional ha terminado ocupando en el Chile actual: el de un poder que ordena lo que la urgencia legislativa dejó desordenado, incluso cuando esa urgencia viene revestida de mayoría democrática. El propio Tribunal lo ha dicho en sus considerandos: «la voluntad del legislador, por democrática que sea su procedencia, no se ejerce en un espacio libre de la Constitución, sino dentro del marco que ésta le traza». Una norma que blindaba al inversionista por veinte años y, a la vez, le abría la puerta a cobrarle al Estado si su RCA era anulada, habría creado el incentivo perverso de invertir sabiendo que, incluso perdiendo en tribunales, se podía cobrar. El TC cerró esa puerta. No por militancia ambientalista, sino porque trasladar al erario público un riesgo que corresponde a quien invierte, es una garantía estatal encubierta que ningún estándar constitucional tolera sin daño acreditado.
Sin embargo, el mismo gobierno que celebró públicamente el fallo por la invariabilidad lograda entiende que el TC estorba. La secuencia empezó con la sentencia sobre Escuelas Protegidas y otros fallos en materia de seguridad que el Ejecutivo leyó como una muralla. La respuesta de La Moneda no fue ajustar el diseño de sus políticas a los límites constitucionales: fue buscar reformar la Constitución para correr esos límites, con la seguridad como excusa.
La gravísima confirmación llegó ese mismo 13 de agosto: La Tercera reveló el mensaje del proyecto donde el nuevo artículo 9 bis, corazón de la reforma de seguridad, habilitará «asuntos que para el gobierno son fundamentales y que, con la Constitución vigente y los recientes fallos del Tribunal Constitucional, sería imposible avanzar». El borrador contempla once cambios a la Carta Fundamental: entre ellos, inhabilitar durante la condena y quince años más a condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico para acceder a prestaciones estatales de salud, educación y seguridad social, con una redacción tan amplia que la propia ministra de Salud, May Chomali, advirtió que «puede ser un poco incompatible» con leyes vigentes como la de urgencias. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, respondió que ella «está opinando de una cosa que quizás no está tan al tanto», exhibiendo una reforma que ni el propio gabinete termina de calibrar.
Entonces, no es una reforma de seguridad que roza la Constitución: es una reforma constitucional diseñada para blindar, hacia adelante, lo que el propio Tribunal ya bloqueó o podría bloquear. Esa admisión que sin los fallos del TC, la agenda de gobierno sería imposible de ejecutar merece que nos detengamos un momento. El gobierno no está diciendo que el TC se equivocó en su interpretación. Está diciendo que el TC funciona como se supone que debe funcionar y que por eso hay que cambiarle las reglas antes de que vuelva a hacerlo.
Esto plantea la pregunta que de verdad importa, y que trasciende la agenda de seguridad puntual. Una reforma constitucional cuyo objetivo declarado es inmunizar futuras políticas del control de un tribunal que existe precisamente para revisarlas, se transforma en un esfuerzo por desactivar el mecanismo de frenos antes de que vuelva a frenar. No hace falta imaginar escenarios extremos para inquietarse: ya basta mirar las amenazas al INDH, otra institución incómoda para el gobierno. Y lo que incomoda, se destruye: constituyendo una muestra de binarismo y desprecio por lo público evidentes.
Para una región como Los Ríos, donde el crimen organizado es una preocupación creciente y legítima, la tentación de aplaudir cualquier reforma que prometa mano dura es comprensible y un negocio muy fácil para quienes persiguen el voto popular. Pero ¿por qué debería importarle el destino del TC a Los Ríos, tan lejos de La Moneda y del Palacio de los Tribunales? Porque los frenos institucionales no se cortan solo para el caso que los inspira. Se cortan para siempre y quedan disponibles para el próximo gobierno que venga después de Kast, y el que venga después de ese. Una región que hoy exige seguridad frente al crimen organizado bien podría, mañana, necesitar que un tribunal le recuerde sus derechos a un gobierno distinto, con otra urgencia y otra excusa. Y ahí, más que en cualquier artículo sobre organizaciones criminales, está la verdadera apuesta de esta nueva reforma: No es si Chile necesita más seguridad, sino, si va a seguir teniendo cuando lo necesite, quien le recuerde sus límites institucionales a cualquier autoritario.
