El Presidente de la República, José Antonio Kast, planteó la necesidad de impulsar un cambio profundo en la política penitenciaria del país, en medio de la puesta en funcionamiento de la nueva cárcel La Laguna de Talca y del operativo que permitió trasladar a cerca de 300 internos de alta peligrosidad desde distintos establecimientos penitenciarios.
El Mandatario llegó este jueves hasta el nuevo recinto acompañado por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado; el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat. En el lugar recorrió las instalaciones e inspeccionó los módulos de alta seguridad y las medidas especiales de vigilancia destinadas a internos de alto compromiso delictual.
El procedimiento, denominado Operación Cancerbero, constituye el traslado de reclusos de alta peligrosidad de mayor envergadura realizado hasta ahora por Gendarmería, tanto por la cantidad de internos involucrados como por su perfil delictual. Entre ellos se encuentran 40 integrantes de bandas vinculadas al crimen organizado, incluidos nueve líderes de estas organizaciones.
A ellos se suman 154 internos de alto compromiso delictual provenientes del CDP Santiago Sur y otros 104 desde el CCP de Cauquenes. El desplazamiento desde Santiago hacia Talca se realizó por la Ruta 5 Sur mediante un amplio dispositivo coordinado entre Gendarmería, Carabineros, la Policía de Investigaciones y otras instituciones del Estado.
Durante su visita, Kast centró parte importante de sus declaraciones en la situación que enfrenta actualmente el sistema penitenciario y sostuvo que los niveles de sobrepoblación obligan a revisar la manera en que el Estado enfrenta esta materia.
“Tenemos que lograr un cambio radical en cómo pensamos la política penitenciaria en Chile. El nivel de hacinamiento hoy día sobrepasa todos los límites y eso requiere una manera efectiva y rápida de poder enfrentarlo”, afirmó el Presidente.
El Mandatario vinculó además la situación de las cárceles con la estrategia gubernamental contra las organizaciones criminales, señalando que la respuesta estatal no puede terminar con la persecución penal y las condenas, sino que debe considerar también las condiciones en que permanecen recluidos quienes integran este tipo de estructuras.
“También tenemos que solicitarles a los parlamentarios que revisemos cómo vamos a implementar la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, que parte con la detención, la persecución penal, las sentencias, pero tiene un pie muy importante en los recintos penales”, señaló.
Tras recorrer los módulos de alta seguridad y las celdas de aislamiento de La Laguna, Kast sostuvo que los mecanismos de vigilancia y reclusión deberán ir adaptándose a las características que presentan las organizaciones criminales.
“Pudimos ver las celdas de aislamiento, tenemos que ir viendo cómo algunas situaciones tienen que perfeccionarse de acuerdo al avance del crimen organizado y del terrorismo, y que las medidas de control sean muy estrictas”, manifestó.
El Jefe de Estado también destacó las propuestas que han surgido desde el Congreso para establecer condiciones especiales para los internos considerados de alta peligrosidad, entre ellas el uso de uniformes, restricciones para la recepción de encomiendas y modificaciones al régimen de visitas.
“De larga data los parlamentarios también vienen señalando que los reos de alta peligrosidad tienen que tener uniforme, que no corresponde que reciban encomiendas, que las visitas tienen que ser a través de locutorios”, indicó.
Según Kast, estas medidas recogen tanto planteamientos parlamentarios como la experiencia de las instituciones encargadas de la seguridad pública y del funcionamiento de los establecimientos penitenciarios.
“Eso es algo que hemos ido recogiendo de planteamiento de los distintos parlamentarios y de la experiencia que nos ha transmitido Gendarmería y las Fuerzas Policiales. Este es un trabajo conjunto que realizamos, porque es parte de la agenda más importante que tienen los chilenos, que es la seguridad”, sostuvo.
El Presidente cerró su intervención vinculando directamente el control de las cárceles con la estrategia de seguridad del Gobierno. “No vamos a alcanzar la seguridad plena si es que no logramos recuperar el poder del Estado dentro de las cárceles”, enfatizó.
La puesta en funcionamiento de La Laguna se produce en un escenario marcado por la sobrepoblación del sistema penitenciario. El establecimiento tiene una superficie aproximada de 60 mil metros cuadrados y su construcción comenzó el 19 de agosto de 2017, contemplando una inversión total de $99.141 millones.
El proceso de poblamiento continuará con internos provenientes de establecimientos penitenciarios de Talca, Rancagua, Valparaíso, Cauquenes, Parral y Curicó. De acuerdo con los antecedentes entregados por el Gobierno, se proyecta habilitar progresivamente 1.679 nuevas plazas que, sumadas a las 418 actualmente en funcionamiento, permitirán alcanzar 2.097 plazas operativas en el recinto.
La operación se desarrolla en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), impulsada por el Gobierno para fortalecer las capacidades estatales frente a las organizaciones criminales, aumentar la seguridad penitenciaria y mantener separados a sus líderes del resto de la población penal.
