Conviene partir por el origen, porque contrasta con lo que vino después. El INDH nació en 2005 como mensaje del presidente Ricardo Lagos, cumpliendo un compromiso derivado del Informe Valech y de los Principios de París de Naciones Unidas, el estándar internacional que exige a los Estados contar con una institución autónoma de derechos humanos. No hubo, en su gestación, la trinchera ideológica que hoy se le atribuye: fue una tarea de Estado, asumida como parte de la reconstrucción institucional post transición.
El primer peldaño de la escalada llega en 2019. En medio del estallido social, cuando el INDH documentaba el uso de perdigones pese a órdenes judiciales de no innovar y contabilizaba querellas por apremios ilegítimos a lo largo del país, el diputado UDI Álvaro Carter cuestionó públicamente la composición del organismo, proponiendo incorporar representantes de Carabineros, la PDI y Gendarmería a su Consejo. El argumento entonces era de representatividad: el INDH, se decía, no incluía la mirada de las instituciones de orden.
El segundo peldaño es más contundente y más reciente. El 21 de noviembre de 2024, la Cámara de Diputados dejó el presupuesto del INDH en un peso, como símbolo del malestar. El Senado lo repuso solo después de un debate álgido, con una votación de 18 a favor y 15 en contra. Los votos en contra fueron, sin excepción, de la derecha: senadores UDI, RN, Republicanos, Evópoli y del Partido Social Cristiano. El senador Rojo Edwards resumió el argumento con una frase que ya no hablaba de representatividad sino de deslegitimación completa: sostuvo que el INDH era una institución que generó miles de querellas contra Carabineros. Ya no se pedía integrar al organismo. Se le negaban los recursos para existir.
El tercer peldaño es el que vivimos hoy. Tras la visita de funcionarios del INDH Los Ríos al Hospital Base de Valdivia, quienes en ejercicio de su mandato legal verificaron las condiciones del imputado por el deleznable homicidio del suboficial Cosme, los diputados republicanos Sebastián Zamora y Valentina Becerra solicitaron formalmente al Gobierno eliminar el instituto completo, proponiendo traspasar sus funciones a la Subsecretaría de Derechos Humanos y redirigir sus recursos a seguridad pública. La misma semana, bancadas de la UDI y de partidos libertarios enviaron una carta al ministro de Justicia acusando al INDH de estar capturado ideológicamente por el Partido Comunista, y en nuestra región diputados llenaron sus redes sociales con videos de impostada indignación, reclamando por un nguillatún en que el instituto no tuvo nada que ver.
Mientras estos mismos sectores exigen desmantelar el organismo que documenta violaciones a los derechos humanos, impulsan en paralelo beneficios para quienes las cometieron: el 4 de marzo de 2026, el Senado aprobó en general, por un solo voto de diferencia, el proyecto que permite sustituir la cárcel por arresto domiciliario para condenados de edad avanzada o enfermedad terminal, presentado por los senadores Chahuán, Ebensperger, Cruz-Coke, Kusanovic y Kuschel. La iniciativa podría beneficiar a 370 condenados por crímenes de lesa humanidad, entre ellos los reclusos de Punta Peuco. Un reportaje de Fast Check reveló, además, que 21 de las 23 páginas del proyecto son idénticas a un documento elaborado por la abogada defensora de exagentes como Miguel Krassnoff y Álvaro Corbalán. Dicho proyecto fue aprobado en general por 23 votos a favor y 22 en contra y sigue en trámite; estamos ante un contraste elocuente: mano dura para quien investiga violaciones a los derechos humanos, mano blanda para quien las perpetró.
Lo que en 2019 era una crítica a la composición y en 2024 fue un ataque presupuestario, en 2026 se convirtió en la exigencia de borrar la institución del mapa. La progresión importa porque revela algo que ninguna de las críticas puntuales, tomadas aisladamente, permite ver: no se trata de objeciones técnicas a un organismo perfectible, sino de una estrategia que avanza mientras encuentra resistencia menor. Cada episodio ha sido tratado como si fuera el primero, como si la indignación fuera espontánea y no la continuación de un guion que lleva años ensayándose. Y en cada peldaño, la justificación ha sido la misma: el INDH incomoda porque cumple su mandato legal, que es verificar el trato hacia toda persona privada de libertad, sin excepción y sin importar el delito que se le impute.
Desde Los Ríos, donde la sede regional ha dejado registro documentado de su trabajo, desde la promoción de los DDHH en la región y las capacitaciones a Carabineros, hasta el acompañamiento a los vecinos de Rucaco y la defensa judicial de la suboficial de la Armada sancionada por denunciar una violación durante un arcaico rito de promoción institucional, cabe preguntarse qué clase de país resulta de eliminar, escalón por escalón, a la única institución con mandato de vigilar cómo se ejerce el poder del Estado sobre quienes menos pueden defenderse. La respuesta es categórica: un país peor.
