Esto nos preocupa porque existe una contradicción que debemos abordar con responsabilidad. En momentos en que el país necesita fortalecer su economía, generar empleo y entregar certezas a las familias, reducir la inversión pública significa debilitar precisamente una de las principales herramientas que tenemos para dinamizar los territorios.
El ministro de Hacienda nos ha señalado que las restricciones presupuestarias continuarán y que estas también tendrán expresión en los presupuestos de los gobiernos regionales, cuya rebaja alcanzará un 15% del presupuesto regional. Las proyecciones que conocemos para el 2027 anticipan un escenario aún más estrecho. Esto no es un asunto meramente contable. Detrás de cada reducción presupuestaria hay proyectos que se postergan, empleos que no se generan y soluciones que las comunidades deberán seguir esperando.
Hoy, una parte importante de la inversión pública está concentrada en dar continuidad a obras y compromisos que vienen de años anteriores, mientras disminuye considerablemente el espacio para iniciar nuevos proyectos. Esto genera una situación preocupante, porque nuestra región tiene una cartera importante de iniciativas que responden a necesidades reales y que han sido priorizadas por municipios, servicios públicos, comunidades y por el propio Gobierno Regional.
Un ejemplo es la esperada reposición de la Escuela N°1 Chile de Valdivia, una iniciativa largamente anhelada y que cuenta con un compromiso significativo del Gobierno Regional, pero cuya materialización enfrenta dificultades por la incerteza de disponer recursos del Ministerio de Educación. Lo mismo observamos en distintas áreas de inversiones sectoriales, donde existe una menor capacidad para incorporar nuevas obras más allá de aquellas que ya se encuentran en ejecución.
Como Gobierno Regional hemos hecho un esfuerzo permanente por movilizar inversión y construir soluciones junto a nuestros doce municipios, junto a los servicios públicos y las comunidades. Hemos asumido compromisos en infraestructura, salud, seguridad, conectividad, agua potable rural, vivienda y desarrollo productivo, entre muchas otras áreas. Pero los gobiernos regionales no podemos enfrentar solos las necesidades de nuestros territorios.
Es importante entender que la inversión pública también genera empleo, moviliza economías locales, mejora infraestructura, entrega oportunidades y permite avanzar en calidad de vida. La responsabilidad fiscal y desarrollo regional no pueden transformarse en objetivos contrapuestos. El desafío debe ser encontrar un equilibrio que permita ordenar las finanzas públicas sin paralizar las posibilidades de desarrollo de las regiones.
