Senadora Fabiola Campillai contrató como chofer a su yerno investigado por amenazas y condenado previamente por robo con violencia

Un reportaje de T13 reveló que la senadora Fabiola Campillai contrató como chofer y personal de apoyo a su yerno, Gerard Cortés Guerrero, mediante un contrato a honorarios con el Senado con una remuneración de $1 millón mensual. El hombre enfrenta un juicio oral por amenazas, registra una condena previa por robo con violencia y, tras conocerse los antecedentes, la parlamentaria aseguró que desconocía su historial judicial y afirmó que ya no trabaja con ella.

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La contratación de Gerard Cortés Guerrero, yerno de la senadora independiente Fabiola Campillai, como chofer y personal de apoyo de la parlamentaria quedó en el centro de la atención pública luego que un reportaje de T13 revelara que el hombre enfrenta una causa vigente por amenazas, será llevado a juicio oral durante agosto y mantiene una condena anterior por robo con violencia.

Según la investigación periodística, Cortés fue contratado a honorarios por el Senado para desempeñarse como apoyo de la legisladora, percibiendo una remuneración mensual de $1 millón.

Tras la difusión del reportaje, Campillai sostuvo que desconocía los antecedentes penales de su yerno y aseguró que, de haberlos conocido, nunca habría autorizado su contratación. En un video difundido públicamente, afirmó que “de haber sabido (de sus antecedentes) esta contratación nunca se habría efectuada. Esta persona ya no trabaja conmigo, fue un reemplazo al conductor titular que estaba con licencia médica”.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por T13, el 11 de mayo de 2025 Gerard Cortés Guerrero y Paloma Castillo Campillai, hija de la senadora, fueron detenidos en San Bernardo luego de una denuncia por amenazas formulada por vecinos tras una discusión ocurrida durante una celebración del Día de la Madre.

En la investigación, la Fiscalía sostiene que la víctima salió de su domicilio al escuchar gritos y se encontró con ambos imputados. Según la carpeta investigativa, Paloma Castillo Campillai le habría dicho “vai a tener que virarte de aquí”, mientras que Gerard Cortés Guerrero la habría amenazado de muerte. El relato agrega que ambos les gritaban “que los iban a reventar, que los iban a quebrar, y que ellos son choros más grandes”.

Uno de los denunciantes declaró que la situación escaló minutos después, cuando observó llegar un vehículo a alta velocidad. Según su testimonio, Gerard Cortés descendió portando un arma de fuego y le dijo “Erai, vay a cooperar, te voy a matar”. Tras responderle “¿Qué, me vas a pegar un balazo?”, el imputado habría contestado “Sí, es lo que te merecí”.

La víctima aseguró además que fue golpeada con la misma arma. En su declaración señaló que “Gerard me pegó un cachazo con la misma pistola en la cabeza, produciéndome una herida de gravedad con alto sangrado. La pistola era de color negro y el mango de color café, aparentemente tenía un láser la misma arma”.

El reportaje de T13 también reveló que la Fiscalía solicitó ingresar al domicilio de la senadora para realizar diligencias investigativas. Sin embargo, el ingreso no se concretó debido a que no existía una orden judicial y la familia no autorizó voluntariamente el acceso.

Sobre ese episodio, Campillai explicó que al momento de la diligencia no se encontraba en condiciones de intervenir, ya que había sufrido una complicación de salud. La parlamentaria indicó que “minutos antes de que llegaran los detectives a mi casa, yo me encontraba en la Bicrim, donde sufrí un ataque de epilepsia. Una vez estabilizada fui trasladada a mi hogar, donde no tuve contacto hasta el día siguiente”.

Respecto de la negativa al ingreso de la PDI, agregó que fue una decisión adoptada siguiendo la recomendación de su abogado. “Es mi abogado, al consultar si la PDI venía con una orden, lo cual no tenían, le dijo a mi hija que evitara el ingreso”, explicó.

La investigación periodística además consignó que Gerard Cortés Guerrero fue condenado en 2017 por un robo con violencia cometido en San Miguel, causa por la que recibió una pena de libertad vigilada. Asimismo, indicó que es sobrino de uno de los principales imputados por la encerrona registrada en San Bernardo que terminó con la muerte del niño de 12 años Alejandro Águila.

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