Un revés sufrió el Gobierno luego que el Tribunal Constitucional (TC) declarara inconstitucionales cuatro artículos de la ley Escuelas Protegidas, proyecto impulsado por el Ejecutivo como una de sus principales herramientas para fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales.
La resolución dejó fuera de la normativa disposiciones que contemplaban la obligación de informar a las policías cuando un estudiante se negara a revisar su mochila, la posibilidad de que Carabineros o la PDI inspeccionaran vestimentas y pertenencias sin orden de un fiscal, sanciones por acciones que interrumpieran las clases y la restricción de acceso a la gratuidad para estudiantes condenados por delitos graves.
Tras conocerse el fallo, desde la oposición valoraron la decisión del tribunal. La diputada Emilia Schneider (FA) calificó la resolución como un “gran fracaso” para el Ejecutivo, mientras que el diputado Luis Cuello (PC) afirmó que el TC puso un “freno” a una ley de “inspiración autoritaria”.
Desde el Gobierno, en tanto, la ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló que el Ejecutivo respetará la decisión del tribunal y que analizará los fundamentos de la sentencia una vez que sean dados a conocer. Asimismo, destacó que otras disposiciones de la ley continúan vigentes y permitirán avanzar en materia de convivencia y seguridad escolar.
Pese al fallo, desde el oficialismo ya surgieron iniciativas para intentar reponer algunas de las medidas rechazadas. La bancada de diputados de la UDI anunció que impulsará una reforma constitucional para restablecer la norma que impedía acceder a la gratuidad a estudiantes condenados por delitos graves.
