La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte abrió una investigación para esclarecer el ingreso de más de 200 niños, niñas y adolescentes haitianos cuyo paradero actualmente se desconoce, luego de arribar a Chile entre enero y octubre de 2025 en vuelos chárter provenientes de Haití.
La indagatoria se inició tras una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), encabezado por su director nacional, Frank Sauerbaum, quien puso a disposición del Ministerio Público una serie de antecedentes recopilados durante fiscalizaciones realizadas en conjunto con la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones (PDI).
De acuerdo con la presentación judicial, existen antecedentes que podrían dar cuenta de un eventual delito de tráfico ilícito de migrantes, particularmente de menores de edad, en el marco de viajes efectuados bajo la figura de reunificación familiar, mecanismo que permite el ingreso de familiares directos de personas extranjeras con residencia regular en Chile.
Las diligencias realizadas por los organismos fiscalizadores detectaron que al menos 12 adultos, tanto chilenos como extranjeros, ingresaron en reiteradas ocasiones al país acompañando grupos de entre dos y 18 menores haitianos. Sin embargo, las investigaciones preliminares establecieron que dichas personas no mantenían vínculos familiares ni de consanguinidad con los niños y adolescentes trasladados.
Además, se constató que en varios casos no existían las autorizaciones exigidas por la legislación migratoria vigente para el ingreso de menores de edad al territorio nacional, situación que encendió las alertas de las autoridades.
Según la denuncia, los antecedentes recopilados podrían configurar el delito de tráfico ilícito de migrantes de carácter reiterado, contemplado en el artículo 411 bis del Código Penal. Por ello, la acción judicial también busca determinar eventuales responsabilidades de terceros que hubiesen participado en la operación, incluyendo agencias de viajes, aerolíneas u otras personas vinculadas a los traslados.
En el documento ingresado ante la Fiscalía, el Servicio Nacional de Migraciones señaló que “es posible que estemos frente a la comisión de un ilícito previsto y sancionado en nuestro Código Penal, por lo que solicito a usted la realización de las diligencias investigativas que se estimen pertinentes”.
Los antecedentes del caso se remontan incluso a años anteriores. El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones durante el gobierno de Gabriel Boric, Luis Eduardo Thayer, afirmó que las primeras denuncias relacionadas con estos vuelos fueron presentadas ante el Ministerio Público a comienzos de 2023.
En declaraciones a TVN, Thayer sostuvo que el organismo detectó posibles situaciones asociadas a tráfico y trata de personas, involucrando a agencias, líneas aéreas y otros eventuales responsables. Asimismo, recordó que a fines de 2022 un vuelo proveniente de Haití llegó a Santiago con 14 menores sin documentación, situación que obligó a impedir su ingreso y ordenar el retorno de la aeronave.
La investigación también considera posibles delitos de cohecho, soborno y falsificación de instrumentos públicos, mientras se busca establecer cómo se gestionó el ingreso de los menores y qué ocurrió posteriormente con ellos.
El director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, advirtió que la cantidad de niños afectados podría ser incluso mayor a la conocida hasta ahora. “Hay hechos que revisten carácter de delito, desde el punto de vista de la trata de personas respecto de menores, el involucramiento o no, o la participación o no, de funcionarios públicos, en este caso, chilenos”, afirmó.
El persecutor agregó que existen elementos que justifican una investigación profunda. “Pareciera ser una práctica habitual con patrones habituales: ingreso de alto volumen de niños, niñas y adolescentes, escasez de bases de datos, muchos de ellos dependían de un solo adulto responsable, esos ya son síntomas”, señaló.
Campos también manifestó preocupación por la magnitud de la operación detectada. “Una persona pueda representar como adulto responsable a más de una treintena. Estamos hablando de un grupo muy organizado”, indicó.
Desde el Gobierno, el subsecretario del Interior y vocero para contingencias, Máximo Pavez, calificó los antecedentes como “muy graves” y recordó que desde el 6 de mayo se encuentra vigente un protocolo especial que endurece los controles para el ingreso de menores extranjeros al país.
La autoridad explicó que actualmente ningún menor puede ingresar sin la autorización expresa de sus padres o de un tercero debidamente facultado mediante mandato validado por ellos. Asimismo, informó que los menores que ingresan por pasos fronterizos deben ser entregados directamente a sus padres o tutores en el mismo control migratorio.
Mientras avanza la investigación, la Fiscalía deberá determinar si existió una red organizada dedicada al traslado irregular de menores y establecer el destino de los más de 200 niños haitianos cuyo rastro aún no ha podido ser determinado por las autoridades.
