Una serie de oficios dirigidos a distintos organismos públicos presentó este martes el diputado por el Distrito 24, Leandro Kunstmann (Partido Republicano), con el objetivo de obtener antecedentes sobre la organización criminal desarticulada recientemente por la Policía de Investigaciones (PDI), la cual es investigada por la comercialización ilegal de recursos del mar en las regiones de Los Ríos y Los Lagos.
La decisión del parlamentario surge tras el operativo que culminó con la detención de 54 personas, entre ellas un exdirector regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y un funcionario de la Municipalidad de Valdivia vinculado al gabinete de la alcaldesa Carla Amtmann.
Según explicó Kunstmann, los requerimientos de información fueron dirigidos a la Municipalidad de Valdivia, Sernapesca, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y otros organismos públicos, con el propósito de conocer mayores detalles sobre el funcionamiento de la red investigada y los mecanismos que habrían permitido su operación durante un prolongado período.
“Los valdivianos se merecen saber toda la verdad. ¿Qué sabía el municipio? ¿Qué medidas adoptaron?”, señaló el legislador al referirse a la investigación que encabeza el Ministerio Público y que apunta a una presunta estructura dedicada a la compra, venta y traslado de recursos hidrobiológicos de origen ilegal.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el parlamentario, la organización habría generado ingresos cercanos a los $9 mil millones entre los años 2023 y 2024, cifra que actualmente forma parte de las indagatorias desarrolladas por la Fiscalía y las policías especializadas.
Kunstmann sostuvo además que la información que entreguen los organismos requeridos será clave para evaluar futuras acciones. “Según la respuesta a los oficios que nosotros entregamos, no descartamos presentar una querella para resguardar los intereses de la Región de Los Ríos”, afirmó.
El caso continúa siendo investigado por el Ministerio Público, mientras los organismos involucrados deberán responder los antecedentes solicitados por el legislador.
