La Contraloría General de la República (CGR) detectó que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) contrató a 16 personas con antecedentes penales para desempeñar funciones en el Censo de Población y Vivienda 2024, según estableció el Informe N°194-2025, que analizó los procesos de contratación y ejecución del operativo censal a nivel nacional.
De acuerdo con la auditoría, entre los contratados figuraban personas con antecedentes por delitos de estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas. El organismo fiscalizador concluyó que las falencias en los mecanismos de control permitieron que estas personas fueran incorporadas al proceso.
En seis de los casos, los postulantes presentaron certificados de antecedentes que registraban condenas, pero la empresa encargada de revisar la documentación no realizó la validación correspondiente ante el Servicio de Registro Civil e Identificación. En otros diez casos, el INE no logró acreditar que hubiese solicitado los certificados exigidos durante el proceso de contratación.
La investigación también estableció que 14 ciudadanos extranjeros fueron contratados pese a no estar habilitados para trabajar en Chile. Entre ellos había personas con residencias revocadas y un caso de un extranjero que mantenía una expulsión administrativa pendiente.
Otro de los hallazgos apunta a la falta de acreditación de requisitos mínimos para algunos cargos. La Contraloría determinó que más de 130 personas contratadas como Coordinadores de Local Censal y Gestores Administrativos no contaban con respaldo suficiente que acreditara los antecedentes educacionales exigidos para dichas funciones.
Pagos sin respaldo y posibles conflictos de interés
El informe también detectó que el INE no pudo acreditar que 515 censistas realizaran efectivamente las labores por las cuales recibieron pagos que suman $166.356.508. Según la Contraloría, esta situación refleja una deficiente supervisión y control sobre el trabajo desarrollado durante el operativo censal.
Asimismo, se identificó a 267 personas que prestaron servicios para el Censo mientras mantenían contratos vigentes con otros organismos públicos entre marzo y junio de 2024. Pese a que estaban obligadas a informar esa situación mediante declaraciones juradas, no lo hicieron. Debido a ello, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.
La auditoría también observó la participación de una exasesora contratada por el INE en una comisión evaluadora de una licitación, pese a que mantenía la calidad de representante legal de una de las empresas participantes en ese proceso.
Arriendos y gastos cuestionados
La Contraloría revisó además 77 contratos de arriendo de oficinas y locales censales suscritos a nivel nacional, concluyendo que el organismo no pudo justificar técnicamente la necesidad de varios de ellos ni acreditar que las propiedades seleccionadas fueran las alternativas más convenientes.
En cinco contratos se detectó que los arriendos se extendieron por hasta 12 meses, pese a que el proceso censal tuvo una duración aproximada de cinco meses, generando un gasto considerado injustificado de $49.430.231.
Otro hallazgo apunta a un pago de $134.243.088 efectuado el 1 de mayo de 2024 para el traslado de funcionarios y censistas, pese a que ese día no se realizaron actividades censales que respaldaran dicho desembolso.
Miles de equipos permanecieron almacenados
La auditoría también cuestionó la falta de planificación respecto del destino de los equipos tecnológicos adquiridos para el proceso. El INE compró 4.588 computadores y 37.529 teléfonos inteligentes para el Censo 2024, pero no definió oportunamente su utilización posterior.
Como resultado, los equipos permanecieron durante meses almacenados en bodegas arrendadas. Al 7 de noviembre de 2025, aún se mantenían guardados 484 computadores y 29.226 smartphones en dependencias de la Subsecretaría de Bienes Nacionales.
Contraloría ordena sumario y busca recuperar recursos
A raíz de las irregularidades detectadas, la Contraloría instruyó al Instituto Nacional de Estadísticas iniciar un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades.
Además, formuló un reparo por $315.645.819 y continúa evaluando antecedentes relacionados con los pagos efectuados a los 515 censistas cuyas labores no pudieron ser acreditadas.
Junto con ello, otorgó un plazo de 60 días hábiles a la Subsecretaría de Bienes Nacionales para definir el destino de los equipos tecnológicos almacenados y remitió el informe al Ministerio Público para los fines que correspondan.
