La Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Desarrollo Social y Familia de Los Ríos comunicó el pasado 4 de junio de 2026 el término anticipado de la contrata de la periodista Sandra Liliana Leiva Poveda, funcionaria de la repartición desde abril de 2023 y actual presidenta del Consejo Regional Los Ríos del Colegio de Periodistas de Chile. La medida se adoptó mientras continúa vigente, sin resolución definitiva, un sumario administrativo originado en una denuncia que la propia funcionaria presentó en enero de 2025 en el marco de la Ley N° 21.643, conocida como Ley Karin.
La decisión fue comunicada por la actual SEREMI de la cartera, Daniela Silva Vidal, designada en el cargo en marzo de 2026. Según relató Leiva, al hacer presente su calidad de denunciante en un procedimiento aún en tramitación, la autoridad le habría señalado que aquella denuncia “correspondía al gobierno anterior”. El caso reviste una particularidad que lo hace especialmente complejo: la afectada es, al mismo tiempo, la dirigenta gremial que encabeza a los periodistas de la región.
De acuerdo con los antecedentes recopilados por Noticias Los Ríos, en enero de 2025 el Ministerio de Desarrollo Social y Familia instruyó un sumario administrativo tras una denuncia presentada por una funcionaria de la SEREMI de Los Ríos, que buscaba determinar eventuales responsabilidades administrativas del entonces titular de la cartera. En marzo de 2025, la denunciante dejó de ejercer como Jefa de Gabinete y pasó a funciones en el programa Elige Vivir Sano, cambio que la Contraloría revisó y consideró ajustado a derecho.
La investigación, lejos de cerrarse, debió ser reabierta en octubre de 2025 por decisión de la propia autoridad ministerial, al detectarse vicios de procedimiento que afectaban el debido proceso. En abril de 2026, a raíz de un reclamo, la Fiscalía del Ministerio informó a Contraloría que la funcionaria mantenía vigente su contrata hasta el 31 de diciembre de 2026, que no existía término anticipado y que el procedimiento disciplinario seguía en tramitación. Sobre esa base, Contraloría rechazó una reclamación presentada por la afectada. Menos de dos meses después, el 4 de junio, la SEREMI le comunicó el término anticipado.
Leiva, que acumula 15 años de trayectoria en la función pública, sostuvo que la decisión vulnera las garantías que la normativa reconoce a quienes denuncian situaciones de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo. “Las autoridades de turno tienen que respetar las normas que rigen el Estado y los derechos de las y los funcionarios públicos”, manifestó Sandra Leiva Poveda, periodista y presidenta del Consejo Regional Los Ríos del Colegio de Periodistas de Chile.
La declaración del Colegio de Periodistas
El Colegio de Periodistas de Chile emitió una declaración pública en la que expresó su “profunda preocupación” por la medida, considerando que la denunciante mantiene una denuncia pendiente bajo la Ley Karin presentada hace más de un año y cinco meses, sin resolución definitiva. La Orden sostuvo que la confianza en las instituciones se fortalece cuando las investigaciones son oportunas, transparentes y concluyen dentro de plazos razonables.
El gremio recordó que la protección de quienes denuncian acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo constituye un elemento central de la Ley Karin y una responsabilidad permanente del Estado, con independencia de los cambios de administración. En ese marco, manifestó su solidaridad con Sandra Leiva y llamó a los organismos competentes a actuar con celeridad para esclarecer los hechos y garantizar los derechos que la ley reconoce a las personas denunciantes.
El cargo de SEREMI de Desarrollo Social y Familia en Los Ríos ha registrado sucesivos cambios: quedó vacante en enero de 2025 tras la renuncia del entonces titular, en medio de un cuestionado clima laboral en la repartición, y fue asumido por Daniela Silva Vidal en marzo de 2026 con la llegada del nuevo Gobierno. La situación de Leiva expone así una de las tensiones que la Ley Karin buscó resolver, dado que la decisión que pone término a su contrata fue adoptada por una autoridad que asumió con posterioridad al origen de la denuncia.
A la fecha de publicación de esta nota, el sumario administrativo instruido a raíz de la denuncia presentada en enero de 2025 continúa sin resolución definitiva. El funcionario denunciado permanece desempeñándose en una institución pública de la Región de Los Ríos, mientras la legalidad del término anticipado de la contrata de Sandra Leiva será revisada por la Contraloría General de la República tras la presentación de una nueva reclamación.
