La controversia se originó luego de que la organización de apoderados manifestara públicamente su rechazo a un eventual cierre del establecimiento rural ubicado en el sector El Huape, comuna de La Unión. En dicha declaración, reproducida legítimamente por este medio, los dirigentes sostuvieron que existirían situaciones relacionadas con terrenos colindantes y mencionaron la posibilidad de un proyecto eólico en las inmediaciones del recinto educacional.
Frente a esas afirmaciones, Erico Solís Gallardo remitió una carta a Noticias Los Ríos solicitando ejercer su derecho de aclaración y rectificación, argumentando que la carta contenía acusaciones que considera falsas y perjudiciales para su honra.
Respecto de la acusación de una supuesta apropiación de terrenos vinculados a la escuela, Solís afirmó que se trata de una imputación “absolutamente falsa”, señalando que el inmueble cuestionado corresponde a una propiedad privada debidamente inscrita. Según expuso, la titularidad del predio consta en la Inscripción de Dominio vigente a Fojas 1539, Número 1594 del año 2023 del Conservador de Bienes Raíces de La Unión, además de un plano archivado en dicha institución, antecedentes que —asegura— acreditan los deslindes y descartan cualquier ocupación irregular de terrenos utilizados por la Escuela Rural El Huape.
En relación con las versiones que lo vinculan a un eventual proyecto de generación eólica, el particular también negó categóricamente cualquier participación. En su presentación sostiene que “es igualmente falso que existan trámites, contratos o gestiones de mi parte para arrendar el fundo con la finalidad de instalar torres de energía eólica que afecten al establecimiento educacional”, agregando que no existe antecedente alguno que respalde dicha afirmación y que ésta corresponde a “un rumor malintencionado”.
Asimismo, Solís manifestó que estas acusaciones realizadas por apoderados del establecimiento educacional habrían provocado un perjuicio a su reputación personal y familiar, por lo que solicitó que su versión sea publicada con una visibilidad equivalente a la otorgada a la declaración original. En el mismo documento, indicó que se reserva el derecho de ejercer acciones legales en sede civil y penal contra los emisores de las declaraciones en caso de estimar vulnerados sus derechos.
Cabe recordar que la declaración pública difundida por el Centro General de Padres y Apoderados de la Escuela Rural El Huape expresaba preocupación por el futuro del establecimiento y cuestionaba situaciones que, a juicio de la organización, estarían afectando a la comunidad educativa. Frente a esos planteamientos, la presente publicación recoge íntegramente la respuesta del particular mencionado, en el marco del derecho de aclaración consagrado en la legislación chilena.
