La controversia por el financiamiento de la Oficina del Presidente Electo (OPE) sumó un nuevo capítulo este jueves, luego de que funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) llegaran hasta el Palacio de La Moneda para iniciar una fiscalización sobre los gastos asociados al cambio de mando y los pagos a integrantes de dicho equipo.
Según información de Radio Bío Bío, los fiscalizadores arribaron pasadas las 10:00 horas, específicamente para desarrollar diligencias en la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República. El ente contralor actuó de oficio, en el marco de los antecedentes que han surgido en los últimos días.
La revisión se da luego de que el diario La Segunda revelara que 11 integrantes de la OPE recibieron pagos por trabajos realizados entre el 9 de enero y el 10 de marzo de 2026, es decir, hasta un día antes de que José Antonio Kast asumiera la Presidencia.
De acuerdo con dicha publicación, los registros fueron obtenidos a través del portal de Transparencia de Presidencia y aparecen consignados en los meses de febrero y marzo, en el contexto de las labores propias del cambio de mando.
Entre las funciones desarrolladas se cuentan el apoyo directo al entonces presidente electo, la preparación de la ceremonia de traspaso, la coordinación logística y tareas comunicacionales.
La información difundida por La Segunda detalla los nombres, profesiones y montos percibidos por los colaboradores. Entre ellos figuran Cristián Valenzuela, abogado ($1.500.000) y actual asesor del Segundo Piso; Benjamín Jadue, abogado ($666.667); y Catalina Ugarte, abogada y actual jefa de gabinete del mandatario ($1.166.667).
A ellos se suman Emilio Court, experto en gestión administrativa ($333.333); Julio Feres, ingeniero comercial y actual director administrativo de La Moneda ($1.500.000); y Víctor Valdés, ingeniero comercial con magíster en finanzas ($666.667).
También aparecen los periodistas Tomás Celedón ($400.000); María Paz Fadel ($1.166.667); Uziel Gómez ($833.333); María Ignacia Porcile ($833.333); y Sergio Turra ($1.000.000).
Cabe recordar que, en febrero, ante cuestionamientos sobre el financiamiento de la denominada “Moneda Chica”, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo que los recursos utilizados correspondían a financiamiento propio, descartando la utilización de fondos públicos.
Sin embargo, la información revelada por La Segunda y la posterior intervención de la Contraloría reabren el debate respecto del origen de estos pagos y la transparencia en los gastos asociados al periodo de transición presidencial.
