Un informe fechado el 11 de febrero de 2026 y elaborado por la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la PDI reveló una serie de antecedentes en la causa que mantiene bajo investigación a la senadora Karol Cariola (PC), en relación con gestiones realizadas en favor de un empresario de origen chino, identificado como Bo Yang, también conocido como Emilio Yang.
El documento —de 94 páginas— analiza declaraciones de testigos e imputados, así como comunicaciones, reuniones de lobby y antecedentes societarios vinculados al empresario. Uno de los puntos centrales es la intervención de la entonces diputada Cariola para intentar revertir la decisión del Concejo Municipal de Santiago de no renovar una patente comercial asociada al local Chinamart.
Según detalla el informe, “a raíz de la ayuda solicitada por la diputada Karol Cariola, a la entonces alcaldesa Hassler, esta última instruyó directamente al funcionario municipal Reynaldo Morales intervenir en el levantamiento de información del procedimiento, a fin de revisar la situación del contribuyente, contactar a la Subdirección de Rentas y explorar alternativas administrativas que permitieran reactivar la tramitación de una renovación ya rechazada por el Concejo Municipal”.
En esa línea, el propio funcionario municipal reconoció contactos directos con la parlamentaria. De acuerdo con el documento, Cariola “lo contactó directamente vía WhatsApp, de manera excepcional, para consultar sobre la situación de la patente, los mecanismos de apelación y el procedimiento para evitar su caducidad definitiva, señalando que nunca antes otro parlamentario le había efectuado solicitudes de esta naturaleza”.
El informe también consigna que existieron comunicaciones directas entre el empresario y funcionarios municipales, fuera de los canales formales. En ese sentido, se indica que “Morales confirmó contactos directos con el contribuyente Emilio Yang, quien indicó haber ingresado una carta solicitando reconsideración y consultó reiteradamente por el estado de la tramitación, lo que refuerza la existencia de gestiones informales y directa entre el interesado, la diputada y funcionarios municipales, al margen de los canales regulares del procedimiento administrativo”.
A partir del análisis conjunto de los antecedentes, la PDI concluye que, si bien no se logró revertir la decisión del Concejo, sí se generaron actuaciones fuera de lo habitual. “Si bien las gestiones impulsadas por la diputada Karol Cariola no modificaron la decisión inicial adoptada por el Concejo Municipal (de no renovar la patente), el análisis conjunto de los antecedentes administrativos, las comunicaciones y las declaraciones policiales voluntarias permitieron establecer que dichas intervenciones dieron origen a actos administrativos excepcionales”, señala el informe, precisando que estas acciones “se prolongaron hasta el año 2023, orientados a obtener la renovación de las patentes de alcohol de Chinamart”.
Asimismo, el documento detalla que las comunicaciones recuperadas refuerzan la participación activa de la parlamentaria en el seguimiento del caso. “El análisis de los mensajes de WhatsApp recuperados confirma que la diputada transmitió a la alcaldesa información concreta relativa al local Chinamart, incluyendo su ubicación y situación administrativa, así como que realizó seguimientos posteriores respecto del estado de dicha gestión”, se indica.
En cuanto a eventuales beneficios, si bien Cariola declaró no haber recibido contraprestaciones por sus gestiones, sí reconoció haber recibido regalos por parte del empresario. En ese contexto, la PDI plantea la necesidad de profundizar la revisión de sus movimientos financieros. “A la fecha no se cuenta con información bancaria suficiente para confirmar o descartar la existencia de flujos económicos en sentido inverso asociados a las gestiones realizadas en favor del local Chinamart, por lo que sería fundamental para los objetivos de la investigación contar con la información bancaria íntegra dentro de la fecha de los hechos investigados”, consigna el informe.
Finalmente, el documento deja constancia de que existen registros de pagos realizados por la actual senadora por concepto de arriendo a una empresa vinculada a Yang, antecedente que también forma parte de las diligencias en curso en la investigación liderada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
