La Contraloría General de la República (CGR) detectó que 910 funcionarios públicos y municipales, que por ley tienen prohibido participar en juegos de azar, realizaron apuestas en casinos por un total de $11.490.456.871 entre enero de 2024 y junio de 2025.
El hallazgo se desprende del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 20, elaborado tras cruzar datos entre la CGR y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), considerando a funcionarios que administran o custodian recursos públicos y que, por normativa, no pueden efectuar este tipo de actividades.
Del total de involucrados, 181 funcionarios concentran el 96,8% del dinero apostado, equivalente a más de $11.118 millones, montos que —según el organismo— no se condicen con sus niveles de remuneración.
El informe también identifica participación de funcionarios pertenecientes a 371 entidades públicas y municipales, incluyendo instituciones como Fuerza Aérea, Carabineros, la PDI, el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo y diversas municipalidades, entre ellas Valdivia, Puerto Montt y San Ramón.
Entre los casos con mayores montos transados, destacan funcionarios individuales que superan los $1.000 millones en apuestas, evidenciando una alta concentración del gasto en un grupo reducido.
A partir de estos antecedentes, la Contraloría dispuso una serie de acciones. En primer lugar, remitió el listado completo a la Superintendencia de Casinos de Juego para que instruya los procedimientos sancionatorios correspondientes. Asimismo, ordenó a los servicios públicos iniciar sumarios administrativos en un plazo de cinco días para determinar responsabilidades.
Paralelamente, los antecedentes de los 181 funcionarios con mayores montos fueron enviados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, con el fin de evaluar eventuales acciones judiciales.
La normativa vigente establece que los funcionarios responsables de fondos públicos no solo deben rendir caución, sino que también están sujetos a la prohibición expresa de participar en apuestas en casinos, medida que busca resguardar la probidad y prevenir conflictos de interés en la administración de recursos del Estado.
