A través de un comunicado público, el Gobierno Regional de Los Ríos manifestó su “profunda preocupación” frente a la decisión del Ejecutivo de retirar del trámite de toma de razón un total de 43 decretos supremos del Ministerio del Medio Ambiente, lo que —según indicaron— detiene la entrada en vigencia de normativas esenciales para la protección ambiental y la salud de la población.
En el documento, la autoridad regional advirtió que entre los instrumentos afectados se encuentran regulaciones consideradas estructurantes, como el Reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica, la actualización de la Estrategia Climática de Largo Plazo y la norma de calidad del aire para material particulado fino MP 2.5, calificándolos como “fundamentales para avanzar hacia un desarrollo sostenible”.
El comunicado sostiene que la decisión “representa un retroceso en políticas públicas esenciales”, además de generar incertidumbre en la gestión territorial y ambiental de las regiones. En esa línea, se advierte que también abre “un innecesario conflicto entre desarrollo económico y protección ambiental”, subrayando que ambas dimensiones deben avanzar de forma equilibrada.
Desde el Gobierno Regional también alertaron que esta situación impacta directamente la ejecución de programas financiados a nivel regional, orientados a implementar normativas como la Ley Marco de Cambio Climático, la Ley de Biocombustibles Sólidos y la futura puesta en marcha del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
En el caso específico de la Región de Los Ríos, el documento enfatiza que la medida “debilita nuestra agenda regional, retrasa procesos estratégicos y pone en riesgo iniciativas vinculadas a la biodiversidad, la calidad del aire y la protección de nuestros ecosistemas”, considerando el sello ambiental que caracteriza al territorio.
Finalmente, el Gobierno Regional reafirmó, por medio del comunicado firmado por el gobernador Luis Cuvertino, que “el crecimiento y el empleo no pueden sostenerse a costa del deterioro ambiental ni de la salud de las personas”, insistiendo en la necesidad de contar con certezas regulatorias y un compromiso firme con el desarrollo sostenible.
