La Contraloría Regional de Los Ríos ordenó a la Municipalidad de La Unión corregir una situación considerada improcedente, luego de constatar que el alcalde Saturnino Quezada, junto a las concejalas Emilia Rauld y Erica Paredes, utilizaron al asesor jurídico municipal para patrocinar una acción judicial en contra del exalcalde Andrés Reinoso.
El pronunciamiento, contenido en el oficio N° OF51011/2026 con fecha 16 de marzo de 2026, se originó a partir de una denuncia reservada que cuestionó el uso de recursos municipales y la eventual vulneración al principio de probidad administrativa.
En su análisis, Contraloría concluyó que “no resultó procedente que tanto el alcalde, como los concejales, otorgaran patrocinio al abogado que desempeña labores como asesor jurídico del municipio”, estableciendo además que tampoco se ajustó a derecho la delegación de poder en una funcionaria municipal, aun cuando posteriormente haya sido revocada.
El organismo contralor fue categórico al señalar que este tipo de acciones no corresponde a funciones propias del municipio como institución, sino a actuaciones individuales de las autoridades, por lo que no pueden financiarse ni ejecutarse mediante recursos públicos ni a través de la estructura jurídica municipal.
En ese contexto, instruyó que “esa entidad edilicia adopte las medidas que correspondan tendientes a corregir dicha situación”, otorgando un plazo de 20 días hábiles para informar las acciones adoptadas.
La acción judicial cuestionada tenía como objetivo inhabilitar al exalcalde Andrés Reinoso por presuntas faltas a la probidad durante su gestión. Sin embargo, el Tribunal Electoral Regional (TER) de Los Ríos rechazó la demanda en todas sus partes el 19 de diciembre de 2025, con una votación unánime de 7 a 0.
Pese a las observaciones de Contraloría, el alcalde Quezada y las concejalas Rauld y Paredes presentaron el 24 de diciembre una apelación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), acción que fue nuevamente patrocinada por el asesor jurídico municipal, Javier Azócar.
Esta situación se mantiene hasta la actualidad, ya que el mismo abogado continúa representando a las autoridades en la causa, lo que —según lo establecido por Contraloría— contraviene reiteradamente la normativa vigente en materia de probidad y uso de recursos públicos.
Actualmente, la apelación sigue en tramitación ante el Tricel, sin que hasta ahora se haya dictado sentencia definitiva.
Lee el oficio de contraloría a continuación:
