Un reportaje emitido esta semana por el programa Informe Especial de TVN reveló una estrecha coincidencia entre un proyecto de ley impulsado por el senador Francisco Chahuán y un documento previamente elaborado por la abogada Carla Fernández Montero, conocida por defender a internos del penal Punta Peuco condenados por violaciones a los derechos humanos.
La investigación señala que ambos textos comparten prácticamente la totalidad de su argumentación. “El documento de la abogada y el proyecto presentado son iguales. Punto por punto, en 21 de sus 23 páginas, la argumentación es idéntica y no cambia ni una coma”, sostuvo el reportaje televisivo.
El proyecto, que busca permitir la conmutación de penas para internos de edad avanzada, está formalmente dirigido a la población penal general. Sin embargo, el propio documento plantea que la iniciativa apunta principalmente a quienes cumplen condena por delitos de derechos humanos, señalando que “las personas condenadas por causas de DDHH (…) representan más de dos tercios del total de la población provecta del país”.
Entre los argumentos expuestos en el texto se cuestiona el uso de la figura del secuestro permanente en causas por crímenes del pasado, afirmando que “la ficción jurídica del secuestro permanente ha permitido sostener de manera irracional e ilógica que los criminales militares de antaño incluso hoy —presos, ancianos, enfermos o discapacitados— mantienen conductas contrarias a derecho”.
El documento también cita un fallo de la Corte Suprema de 2024 que, según sus autores, estableció una especie de criterio humanitario para reos de edad avanzada. De acuerdo con el texto, dicha sentencia “consagra una verdadera ‘regla de trato geriátrico’ para los reos adultos mayores, homologando el recinto carcelario a un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM)”.
En esa línea, el escrito advierte que el objetivo sería evitar lo que denomina un “geriatricidio carcelario”, que —según plantea— podría producirse debido a la avanzada edad y condiciones de salud de muchos internos.
Diferencias en el articulado
Según el análisis del reportaje, las únicas diferencias relevantes aparecen en las dos páginas finales del documento, correspondientes al articulado del proyecto de ley.
En uno de los cambios introducidos en la versión presentada al Senado, el beneficio se establece para internos que hayan “cumplido 80 años o más, como resultado de la suma de su edad real, más los años que efectivamente ha estado privado de libertad en un recinto penal, teniendo una edad mínima de 70 años”.
También se detectó una inconsistencia en el texto legal presentado por el senador, donde se menciona “la letra d) del artículo cuarto”, pese a que esa referencia correspondería en realidad al artículo tercero tras la modificación del borrador.
Coincidencia en la metadata
Uno de los elementos centrales del reportaje es el análisis de la metadata de ambos archivos. Según el programa, la información digital muestra que los documentos fueron creados por el mismo autor.
El archivo atribuido a la abogada Fernández fue generado a comienzos de enero de 2025, mientras que el proyecto presentado por Chahuán fue creado el 30 de enero de ese mismo año, fecha en que la iniciativa fue ingresada oficialmente al Senado.
Respuesta del senador
Consultado por el programa, el senador Francisco Chahuán negó haber tenido a la vista el documento de la abogada. “Es un proyecto que hemos presentado en cinco ocasiones anteriores”, afirmó.
Respecto de la posibilidad de un eventual copy paste, el parlamentario sostuvo que “es muy probable que sea al revés”.
No obstante, tras revisar iniciativas presentadas previamente por el senador, el reportaje señala que ninguna presenta un nivel de similitud comparable con los documentos analizados. El equipo del parlamentario indicó que enviaría un proyecto antiguo que respaldaría su autoría original, pero al cierre del reportaje dicho documento no fue remitido.
Contexto político del proyecto
La polémica surge luego de que el Senado aprobara en general la idea de legislar sobre esta iniciativa el pasado 4 de marzo, por una estrecha votación de 23 votos a favor y 22 en contra.
Según cifras expuestas por el Gobierno durante el debate, la propuesta podría beneficiar a 738 internos mayores de 70 años, de los cuales 365 están condenados por crímenes de lesa humanidad y 373 por delitos comunes. Además, el alcance del proyecto podría extenderse a casi dos mil reos con discapacidad y a más de diez mil internos que presentan enfermedades crónicas.
La abogada Carla Fernández Montero, señalada como autora del documento original, tiene entre sus representados a exagentes condenados por violaciones a los derechos humanos, como el exjefe de la CNI Álvaro Corbalán, Miguel Krassnoff y el exintegrante de la DINA Raúl Iturriaga. La jurista declinó entregar declaraciones para el reportaje.
