Durante la tarde de este lunes, la Corte Suprema confirmó el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, quien es investigado por el Ministerio Público por presuntos delitos vinculados al uso de recursos públicos y la emisión de documentación falsa.
La resolución del máximo tribunal ratifica la decisión adoptada previamente en instancias anteriores, permitiendo que el parlamentario pueda ser formalizado por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil. No obstante, la Corte descartó la inclusión de delitos tributarios en esta etapa del proceso.
La indagatoria, encabezada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, se centra en la presunta emisión de 34 facturas ideológicamente falsas, el uso de empresas relacionadas y un eventual desvío de fondos públicos para fines políticos, incluyendo campañas vinculadas a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.
Desde la defensa, el abogado Cristóbal Bonacic valoró el fallo y lo calificó como “muy favorable” porque “excluye el supuesto delito tributario, que fue algo que el Servicio de Impuestos Internos (SII) sacó entre gallo y medianoche, en último minuto”.
El defensor sostuvo además que, respecto de los otros hechos investigados, no existe inconveniente en enfrentar el proceso judicial, argumentando que “la solicitud de desafuero es una solicitud tardía, por cuanto mi representado deja de ser diputado en marzo de este año, por tanto, el Ministerio Público perfectamente bien podía haber prescindido de esta instancia y haber seguido la investigación a partir de marzo”. En esa línea, agregó que el resultado fue “ganancioso para nosotros porque efectivamente privó al Ministerio Público de poder imputar el delito tributario, algo que fue sacado a último minuto”.
Consultado sobre el escenario de una eventual formalización, Bonacic afirmó que “no solamente el delito tributario menos, sino que quedó claro que existen aún numerosas diligencias de investigación pendientes que esta defensa ha pedido, que el Ministerio Público ha retrasado su desarrollo precisamente para poder imputar algún delito y, una vez que se hagan esas diligencias, entonces la firme convicción que aquí ha demostrado que no existen los delitos que están imputando”.
Finalmente, el abogado recalcó que “hay mucho paño que cortar y eso obviamente es fruto por parte de la diligencia de investigación que tiene que realizarse”, añadiendo que si el Ministerio Público decide formalizar, “está en su legítimo derecho”, aunque —a su juicio— ello “va a dar cuenta de una investigación desprolija, inacabada, donde existe una serie de diligencias de investigación que esta parte viene reclamando desde mayo del año pasado”.
Con la confirmación del desafuero, el Ministerio Público queda habilitado para avanzar en la formalización del parlamentario, en una causa que continúa en desarrollo.
