Un oficio oficial de la Cámara de Diputadas y Diputados, fechado el 28 de agosto de 2025, revela que la diputada Camila Flores Oporto requirió información al secretario regional ministerial de Bienes Nacionales de Los Ríos respecto del estado de tramitación de un expediente inmobiliario a nombre de su madre, Verónica Esmelita Oporto González.
El documento, identificado como Oficio N° 116603, señala que la parlamentaria, “en uso de la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918 (…) ha requerido que se oficie a Ud. para que (…) informe a esta Cámara sobre el estado en que se encuentra la tramitación del expediente N° 177.278, ingresado por la señora Verónica Esmelita Oporto González, con fecha 14 de abril de 2023, en el Conservador de Bienes Raíces de la Región de Los Ríos”.
En la solicitud adjunta, la propia diputada expone que el expediente “aún se encuentra en trámite, a la espera de la autorización de DIFROL”, precisando que, si el inmueble está en zona fronteriza, se requiere la autorización de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado para su inscripción. Añade que la Seremi de Bienes Nacionales habría indicado que el pronunciamiento pendiente correspondería a la Dirección de Obras Municipales de Futrono, en el marco de la aplicación de la Ley N° 20.234.
En el texto, la parlamentaria sostiene que “el tiempo transcurrido ha generado incertidumbre en doña Verónica, cuestión que se ha vuelto un problema, puesto que no ha podido usar, gozar y disponer de la propiedad en los términos que ella quisiera”, solicitando que se informe “en qué estado se encuentra la referida solicitud” y se aclare cuál es el trámite pendiente.
La respuesta de la autoridad regional fue emitida al día siguiente. Mediante Ordinario N° 1772, fechado en Valdivia el 29 de agosto de 2025, el seremi Jorge Enrique Pacheco Rosas dio contestación formal a la diputada. En el documento, la autoridad detalla que el expediente “se encuentra en la etapa final de tramitación DL 2695/79” y explica las gestiones realizadas, incluyendo oficios remitidos a la Dirección de Obras Municipales de Futrono, advirtiendo que, de no evacuarse respuesta, “se procederá con la resolución definitiva del caso en mérito de los antecedentes”.
Nuestro medio dio a conocer estos antecedentes, planteando interrogantes respecto de la rapidez de la respuesta —considerando que se produjo en menos de 24 horas— y sobre un eventual uso de la facultad fiscalizadora parlamentaria para abordar una gestión de carácter privado vinculada a un familiar directo, además de tratarse de una región distinta a la que representa la diputada.
Tras la publicación, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Los Ríos emitió un comunicado público en el que descartó cualquier irregularidad. En el documento, el organismo señaló que se limitó “exclusivamente a responder un oficio formal y oficial emanado desde la Cámara de Diputadas y Diputados, en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras y conforme a los procedimientos administrativos vigentes”.
La institución precisó que la respuesta “correspondió únicamente a informar el estado de tramitación de un expediente”, subrayando que se trata de una “gestión administrativa simple” que no implica pronunciamiento de fondo ni alteración de procedimientos. Asimismo, afirmó que el expediente “sigue exactamente el mismo procedimiento que cualquier otro, bajo los principios de igualdad ante la ley, transparencia y objetividad”.
Respecto de la celeridad, la Seremi sostuvo que procura responder las solicitudes formales a la brevedad posible y que debe distinguirse entre el plazo para informar el estado de un trámite —que es acotado— y los tiempos propios de la tramitación administrativa, los cuales pueden extenderse por exigencias normativas.
De esta forma, mientras los antecedentes revelan una respuesta institucional en tiempo récord frente a un requerimiento parlamentario vinculado a un expediente familiar, la autoridad regional asegura que su actuación se ajustó estrictamente a la normativa y que no existió trato preferente ni intervención extraordinaria en el proceso.
