Un oficio oficial de la Cámara de Diputados, fechado el 28 de agosto de 2025, revela que la diputada Camila Flores Oporto requirió información al secretario regional ministerial de Bienes Nacionales de Los Ríos respecto del estado de tramitación de un expediente inmobiliario a nombre de su madre.
El documento, identificado como Oficio N° 116603, señala que la parlamentaria, “en uso de la facultad que le confieren los artículos 9° de la ley N° 18.918 (…) ha requerido que se oficie a Ud. para que (…) informe a esta Cámara sobre el estado en que se encuentra la tramitación del expediente N° 177.278, ingresado por la señora Verónica Esmelita Oporto González, con fecha 14 de abril de 2023, en el Conservador de Bienes Raíces de la Región de Los Ríos”.
En la solicitud adjunta, la propia diputada expone que el expediente “aún se encuentra en trámite, a la espera de la autorización de DIFROL”, precisando que, si el inmueble está en zona fronteriza, se requiere la autorización de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado para su inscripción. Añade que la Seremi de Bienes Nacionales habría indicado que el pronunciamiento pendiente correspondería a la Dirección de Obras Municipales de Futrono, en el marco de la aplicación de la Ley N° 20.234.
En el texto, la parlamentaria sostiene que “el tiempo transcurrido ha generado incertidumbre en doña Verónica, cuestión que se ha vuelto un problema, puesto que no ha podido usar, gozar y disponer de la propiedad en los términos que ella quisiera”, y solicita que se informe “en qué estado se encuentra la referida solicitud” y se aclare cuál es el trámite pendiente.
La respuesta de la autoridad regional no se hizo esperar. Mediante Ordinario N° 1772, fechado en Valdivia el 29 de agosto de 2025 —es decir, al día siguiente del ingreso del oficio parlamentario— el seremi Jorge Enrique Pacheco Rosas dio contestación formal a la diputada. En el documento, la autoridad detalla que el expediente “se encuentra en la etapa final de tramitación DL 2695/79” y explica las gestiones realizadas, incluyendo oficios remitidos a la Dirección de Obras Municipales de Futrono, advirtiendo que, de no evacuarse respuesta, “se procederá con la resolución definitiva del caso en mérito de los antecedentes”.
La celeridad de la respuesta —emitida en menos de 24 horas— contrasta con los plazos habituales de tramitación administrativa y se produce luego de más de dos años desde el ingreso original del expediente, en abril de 2023.
El caso abre al menos dos interrogantes. Primero, si el uso de una herramienta formal de fiscalización del Congreso para consultar por una gestión que beneficia directamente a un familiar constituye una utilización impropia de la investidura parlamentaria. Segundo, si corresponde que una diputada electa por el distrito de Valparaíso intervenga ante autoridades de la Región de Los Ríos en un asunto de carácter estrictamente privado y en favor de su madre.
Hasta ahora, no se ha informado de eventuales acciones administrativas o pronunciamientos de instancias de control respecto del episodio. Sin embargo, la documentación oficial deja constancia tanto de la solicitud realizada por la parlamentaria como de la respuesta emitida en plazo extraordinariamente breve por la autoridad regional.
