La Contraloría Regional de Valparaíso emitió cinco informes de auditoría que dan cuenta de graves deficiencias en la gestión y control de recursos públicos utilizados tras el megaincendio de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso. Las observaciones alcanzan a la Delegación Presidencial Regional, las municipalidades de Quilpué y Viña del Mar, y a la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
En el caso de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, el Informe N°528/25 detectó pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de $586 millones en adquisiciones realizadas durante la emergencia. La auditoría advirtió eventuales sobreprecios y un uso injustificado del trato directo, por lo que se instruyó un sumario administrativo y se remitieron los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para las acciones legales que correspondan.
Respecto de la Municipalidad de Quilpué, el Informe N°535/25 constató gastos improcedentes, entre ellos la compra de cocinillas sin certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), además del extravío de bienes donados. Asimismo, se detectaron falencias en la entrega de ayudas a damnificados y en la gestión de personal y proyectos, lo que motivó la instrucción de procedimientos disciplinarios y la adopción de medidas correctivas.
En tanto, el Informe N°503/25, referido a la Municipalidad de Viña del Mar, evidenció irregularidades en el manejo de ingresos, gastos, donaciones y ayudas entregadas a damnificados entre febrero de 2024 y abril de 2025. La Contraloría constató problemas de rendición, falta de trazabilidad en los beneficios otorgados y vulneraciones a la normativa de compras públicas, anunciando el inicio de un sumario administrativo y la regularización de los procesos observados.
Las fiscalizaciones también alcanzaron a la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso. El Informe Final N°805/25 detectó un pago indebido superior a $434 millones por demoliciones de viviendas siniestradas que no fueron ejecutadas o se realizaron de manera parcial, junto con graves deficiencias en los procesos de contratación y control interno, instruyéndose un sumario administrativo.
A ello se suma el Informe Final N°500/25, que constató pagos no acreditados por más de $782 millones en demoliciones realizadas en el sector El Olivar, donde se identificaron irregularidades en la adjudicación, sobreprecios y falta de respaldos suficientes. En este caso, la Contraloría ordenó un sumario administrativo y solicitó el expediente del procedimiento instruido por la Fiscalía Nacional del MOP, para continuar directamente con su tramitación.
Desde la Contraloría General de la República se reiteró la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno, asegurar el uso correcto de los recursos públicos y resguardar la legalidad y la transparencia, especialmente en contextos de emergencia, instruyendo medidas disciplinarias, correctivas y acciones legales en los casos que correspondan.
