La Corte de Apelaciones de Santiago revocó el sobreseimiento definitivo del Presidente de la República, Gabriel Boric, en la causa por presunta malversación de caudales públicos derivada de la contratación, vía trato directo, de un abogado externo para su defensa. Con esta resolución, el mandatario mantiene la calidad de imputado y el Ministerio Público deberá reabrir la investigación.
La decisión del tribunal de alzada acogió de manera unánime la apelación presentada por el abogado Raimundo Palamara, en representación de la Fundación Fuerza Ciudadana, y desestimó los argumentos que habían llevado al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago a cerrar la causa en noviembre pasado.
El caso se origina en la contratación, por un monto de $13.800.000, del abogado Jonatan Valenzuela Saldías, efectuada por la Presidencia de la República para representar al Presidente Boric en la causa relacionada con la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. A juicio del querellante, dicho gasto configuraría un eventual delito de malversación de caudales públicos.
En primera instancia, el Séptimo Juzgado de Garantía había acogido una solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por el Ministerio Público, a la que se adhirió la defensa del Presidente, argumentando que los hechos denunciados no constituían delito. En esa línea, la jueza Pilar Ahumada sostuvo que no era procedente vincular ambas causas, señalando que “aquí se está extralimitando el daño al decir: ‘Como el otro hecho yo lo califico de corrupción, esto también por lo tanto sería una malversación’”, agregando que, conforme a informes y dictámenes de Contraloría, los actos administrativos cuestionados habían sido “realizados bajo la reglamentación correspondiente”.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones descartó que dichos antecedentes fueran suficientes para cerrar definitivamente la causa. En el fallo, redactado por el abogado integrante Rafael Plaza, se indica que no se alcanza el grado de convicción necesario para dictar un sobreseimiento definitivo, considerando que esta decisión produce efecto de cosa juzgada. Asimismo, se sostiene que los dictámenes de Contraloría “no otorgan la capacidad de sustituir o condicionar el juicio penal acerca de si la conducta puede configurar un delito”.
El tribunal también advirtió que, al encontrarse aún en tramitación la causa principal por la fallida compraventa del inmueble, no resultaba procedente sobreseer la causa anexa, ya que la valoración de los hechos imputados dependerá del resultado del proceso principal.
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es el cuestionamiento a la existencia de una real “necesidad pública” para la contratación del abogado externo, considerando que la Presidencia de la República cuenta con alternativas de defensa institucional, como el Consejo de Defensa del Estado. En ese contexto, el fallo sostiene que “no aparece, a primera vista, justificada por una necesidad pública”, añadiendo que, tratándose de una imputación de carácter personal, existían opciones como recurrir a la Defensoría Penal Pública o contratar una defensa privada con cargo al propio patrimonio.
La resolución de la Corte ya fue comunicada al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el que dictó una resolución de cumplimiento, formalizando así la reapertura de la investigación penal en la que el Presidente Boric continúa en calidad de imputado.
