Una nueva controversia se abrió en el caso por el homicidio de Julia Chuñil, luego de que la abogada defensora de sus hijos, Karina Riquelme, acusara que el testigo clave de 90 años no habría sido encontrado golpeado, sino que presuntamente fue agredido por funcionarios de Carabineros durante el allanamiento que terminó con la detención de Javier Troncoso, Jeannette Troncoso y Pablo San Martín.
Según la Fiscalía de Los Ríos, Julia Chuñil habría sido asesinada el 8 de noviembre de 2024 tras intentar impedir que su hijo Javier concretara el robo de la pensión del adulto mayor, quien se encontraba bajo el cuidado de la familia. De acuerdo con la imputación fiscal, durante ese episodio el acusado habría golpeado tanto a la víctima como al anciano, existiendo además antecedentes previos de violencia en su contra.
En la audiencia de formalización, el Ministerio Público expuso que el hombre de 90 años fue hallado golpeado, encerrado en malas condiciones y con un balde para realizar sus necesidades, situación que motivó su traslado al Hospital Base de Valdivia para su evaluación médica.
Sin embargo, la abogada Karina Riquelme cuestionó esa versión y apuntó directamente a la actuación policial durante el procedimiento. “El día del allanamiento fue maltratado por la policía, no solamente fue él tirado al suelo. El Cesfam indicó que se encontraba en condiciones deplorables por su edad”, sostuvo. En la misma línea, agregó que “Jeannette vio cómo sacaron al adulto mayor de su lugar donde se estaba alojando y cómo lo arrojaron al suelo. Probablemente la policía no sabía que él era uno de los testigos”.
Desde Carabineros rechazaron de forma tajante las acusaciones. El general Jaime Velasco, director de Control de Drogas e Investigación Criminal, “descartó absolutamente” la versión entregada por la defensa y aseguró que “Carabineros de Chile, en el ingreso que realizó, encontró a esta persona en esas condiciones”.
Asimismo, el alto oficial señaló que la institución cuenta con respaldo audiovisual del operativo, indicando que “tenemos antecedentes que dicen relación con las cámaras que los equipos que intervinieron, principalmente en primera instancia, pueden demostrar eso”, enfatizando que dichos registros permitirían acreditar el actuar policial durante el allanamiento.
La controversia se suma a una investigación que continúa en desarrollo y que mantiene bajo prisión preventiva a uno de los imputados, mientras la Fiscalía y las defensas siguen enfrentadas por la interpretación de los hechos y las responsabilidades en torno al caso.
