Un error sostenido en el cálculo de las remuneraciones de autoridades del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, originado en la incorrecta aplicación de la Ley N° 21.599, derivó en pagos indebidos por cerca de $312 millones entre los años 2020 y 2025. La situación fue detectada tras una revisión interna realizada a fines de marzo del año pasado, luego del cambio de subsecretaría en la cartera.
El hallazgo se produjo en el contexto del proceso de cierre administrativo de la entonces subsecretaria Luz Vidal, quien había presentado su renuncia con fecha 31 de marzo de 2025. Al revisar su liquidación final, un funcionario recientemente contratado detectó inconsistencias en la aplicación del reajuste general de remuneraciones del sector público, específicamente en los sueldos de las autoridades nacionales del ministerio, incluyendo a la ministra Antonia Orellana.
Según antecedentes del propio ministerio, los errores se arrastraban desde 2019 y se relacionan con la forma en que se aplicaron los reajustes tras la reforma constitucional de 2020 que rebajó y congeló las remuneraciones de las más altas autoridades del Estado. La funcionaria a cargo de los cálculos durante ese período habría aplicado de manera incorrecta dichos reajustes, generando pagos superiores a los establecidos por la normativa vigente.
Una vez informado el problema, las autoridades instruyeron medidas inmediatas. En primer lugar, se determinó el monto que debía ser reintegrado al fisco. En ese marco, la ministra Antonia Orellana restituyó más de $12 millones, mientras que la exsubsecretaria Luz Vidal devolvió poco más de $13 millones, reintegros que se concretaron durante abril del año pasado. Ambos montos correspondieron al total bruto percibido indebidamente, incluyendo descuentos previsionales y de salud, cuya devolución deberá ser gestionada por el ministerio ante las instituciones correspondientes.
Paralelamente, se corrigieron los procedimientos de cálculo de remuneraciones y se inició un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades. Este proceso comenzó en abril, fue ampliado en junio y actualmente se encuentra en desarrollo, con carácter reservado.
La revisión se amplió posteriormente a nivel regional. Por instrucción de la actual subsecretaria Claudia Donaire, se encargó una consultoría externa especializada para analizar los reajustes aplicados a autoridades del ministerio desde 2020, junto con una auditoría interna enfocada en el pago de remuneraciones a seremis entre enero de 2022 y abril de 2025.
Los resultados finales, consolidados en diciembre pasado, establecieron que entre 2020 y 2025 un total de 47 autoridades —42 seremis y exseremis, además de cinco autoridades nacionales— recibieron sueldos mal reajustados. En consecuencia, a fines de 2025 se emitieron resoluciones que ordenan el reintegro de los montos correspondientes por parte de las autoridades regionales afectadas.
Cabe consignar que auditorías ministeriales realizadas en 2021, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, y otra efectuada en 2025, no lograron detectar estos errores, antecedentes que fueron informados a la actual administración.
